La Organización Empresarial representativa del Cooperativismo de Trabajo Asociado y la Economía Social de la Región de Murcia, Ucomur, reclama que la ley de Simplificación Administrativa «incluya a la economía social» y concrete la digitalización. Así lo trasladó este miércoles su presidente, Juan Antonio Pedreño, a la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional.
Pedreño exigió que «no se olvide a la economía social en el diseño de las normas» y que se concreten «qué trámites pasarán a declaración responsable, con qué calendario y con qué medios digitales». También pidió la revisión del umbral de inversión mínima (20 millones) previsto para declarar proyectos estratégicos, al considerar que «puede haber iniciativas de alto impacto que no alcancen esa cifra».
En su intervención recordó que en la Región operan «unas 2.500 empresas de economía social» que, según sus datos, suponen «alrededor del 10% del PIB regional» y más de 5.500 millones de facturación agregada.
«Somos empresas; cuando se legisla para empresas no se puede obviar a las de economía social», indicó, tras denunciar que en ocasiones «el legislador piensa solo en sociedades de capital».
Eliminar duplicidades
El presidente de Ucomur situó a las pymes como las principales beneficiarias de la simplificación. «Más del 98% del tejido regional son pymes, la mayoría con menos de 15 trabajadores; no tienen departamentos jurídicos y soportan peor la burocracia», dijo.
Por ello, defendió medidas «que de verdad eliminen duplicidades, clarifiquen requisitos y abran ventanillas telemáticas únicas», con «interoperabilidad real entre administraciones, catálogos mínimos de datos y responsable único».
Entre sus propuestas de mejora destacan las plataformas públicas de subvenciones y tramitación, como guardar borradores, validaciones automáticas, contadores de caracteres, derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración y a no presentar originales, y plazos «realistas» de respuesta.