El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda a la población joven, entre las que destaca una ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra. La propuesta, presentada durante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, incluye además un seguro de impago de rentas para jóvenes, iniciativa ya anunciada en enero, y ayudas de hasta 10.800 euros para la adquisición de vivienda en zonas rurales.
Según Sánchez, el presupuesto estatal destinado a vivienda se triplicará en el marco del Plan de Vivienda 2026-2029, condicionado a que las comunidades autónomas impulsen el desarrollo de vivienda protegida.
Sin embargo, las medidas han generado críticas tanto desde los sindicatos como desde partidos del propio Ejecutivo. En un comunicado conjunto, CCOO y UGT califican las iniciativas de “insuficientes” y advierten de la falta de concreción en los procesos de acceso y gestión. Los sindicatos reclaman medidas de mayor calado estructural, como la creación de un parque público permanente, la limitación de precios en zonas tensionadas y mayores recursos presupuestarios a las políticas de vivienda.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló en su cuenta de Bluesky que “las ayudas al alquiler son transferencias directas al bolsillo de los caseros” y que “esta medida solo conseguirá subir más los alquileres”. En la misma línea se pronunciaron otros ministros de Sumar, como Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, quienes advirtieron del posible efecto inflacionario y de la consolidación de la especulación inmobiliaria.
Bustinduy defendió que “subvencionar el alquiler solo funciona si las rentas están topadas” y reclamó la prohibición de la compra especulativa y la congelación de los precios del alquiler. Mónica García, ministra de Sanidad, argumentó que esta ayuda “acaba subvencionando a los caseros y no resuelve la crisis de vivienda”, mientras que Urtasun calificó las medidas de “gasolina al fuego”.
El plan estatal aún debe ser desarrollado en detalle, y no se han especificado los criterios de elegibilidad, mecanismos de gestión, ni el calendario de implementación. Tampoco se ha aclarado si las ayudas serán compatibles con otras subvenciones existentes o si estarán sujetas a condiciones socioeconómicas.