El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia (CGS) calcula que un 30% de los casos y asuntos judiciales del ámbito laboral podrían resolverse con el desarrollo de la mediación intrajudicial laboral, para evitar la presión de los tribunales, que están señalando juicios para 2027.
Para el decano, Alfonso Hernández Quereda, esta situación de los tribunales, sobrevenida por diversos motivos (falta de recursos, las pasadas huelgas, etc.) perjudica a todos.
«A día de hoy, se puede decir con rotundidad que hay una clara vulneración de los derechos fundamentales. Hay un perjuicio evidente para quien tiene que cobrar una invalidez, incapacidad o ante el régimen sancionador. Es descorazonador que situaciones de despido de trabajadores se vayan a ver dentro de casi tres años. No tiene ningún sentido para ninguna de las partes».
Para los expertos en Derecho Trabajo y Seguridad Social, se debe partir de la base de que no todas las demandas son mediables, pero una tercera parte, sí, lo que puede significar más de mil casos, a grosso modo.
Mecanismo con total seguridad jurídica
Desde el Colegio de Graduados Sociales se insta a abrir un foro de análisis para abordar y poner en marcha en un corto espacio de tiempo este mecanismo que, a día de hoy, no está regulado en la Ley de Mediación Civil y Mercantil, pero que en algunas comunidades autónomas sí se está desarrollando y ejecutando.
La mediación intrajudicial va más allá de los procedimientos previstos como la conciliación previa.
Se respondería también así al incremento de procesos que están llegando a los juzgados de lo social, como se ha reflejado en la última Junta de Jueces, en este mes de junio, donde se indicaba que se había producido un crecimiento, también, del 30 % de los procesos: salarios, despidos, sanciones, invalidez, incapacidad temporal, etc.
En marcha en Castilla-León y en Andalucía
En otras comunidades autónomas, como en Castilla León, se ha desarrollado un sistema donde es viable esa mediación en ese tercio de los procesos. En Andalucía están desarrollando también un modelo propio.
No hace falta que estén transferidas las competencias de Justicia, ya que se puede llevar a cabo con un convenio, como sucede en Castilla-León.
En la Región de Murcia, para desarrollar el sistema, habría que determinar la participación de la Consejería correspondiente, como representante de la Comunidad Autónoma, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el Consejo General del Poder Judicial y los colegios profesionales que intervienen en la mediación (Abogacía, Graduados Sociales y Procuradores).
El mecanismo es claro, una vez que se inicia el proceso judicial y el juzgado estima que sí es mediable, se comunicaría a las partes para que se puedan someter e iniciar un proceso de mediación.
Estimar una dotación económica
Ahora mismo, por la mediación no cobran los profesionales, pero sí sería conveniente marcar un mínimo por procedimiento, que podría ser en el entorno de 90 euros por sesión, con un máximo de tres sesiones. Esta referencia es la marcada por Castilla-León.
El objetivo de la iniciativa a la que anima el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia se centra en descongestionar el sistema de Justicia en la Jurisdicción de lo Social.
Se podrían sacar de los procedimientos de resolución judicial procesos con una resolución satisfactoria, en cuanto a tiempo y forma, para todas las partes con carácter idéntico al de una resolución judicial que conlleva un procedimiento más largo, más complejo y más caro, pero con similar resultado en cuanto al ejercicio de la Justicia para las partes.
La agenda de señalamientos se vería menos presionada por este área laboral. Desarrollar el sistema beneficia a todos los actores judiciales, a las partes implicadas y aporta una solución real y justa, muy necesaria dentro del abordaje de iniciativas que se estudian para reducir la presión sobre la Justicia, cuando sigue adoleciendo de falta de medios humanos y materiales.