El Congreso ha aprobado de forma definitiva la Ley de Navegación Aérea, al culminar este miércoles la tramitación de las enmiendas introducidas por el Senado. Con este paso, la norma queda lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Uno de los principales puntos del texto es la activación de un crédito extraordinario de 319 millones de euros destinado a compensar a las aerolíneas por el descuento del 75% en los billetes de avión que se aplica a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y el Partido Popular habían solicitado ampliar la cifra hasta 1.200 millones, alegando que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir el impacto de los descuentos. La enmienda fue aprobada en el Senado, pero vetada en el Congreso, por lo que la cifra final se mantiene en 319 millones, como proponía el Gobierno.
El debate parlamentario ha estado marcado por el enfrentamiento entre bloques. PP y Vox criticaron la decisión de suprimir la enmienda sobre los 1.200 millones. Desde Vox, el diputado Carlos Flores denunció una «táctica marrullera» por parte del Ejecutivo y advirtió del riesgo de que las compañías aéreas «corten por lo sano» si no se cubren sus costes. Óscar Ramajo (PP) defendió que la cuantía propuesta era esencial para garantizar la conectividad.
Por su parte, el PSOE y Sumar acusaron al PP de introducir enmiendas en el Senado que solo respondían a presiones del sector privado y que habrían retrasado la entrada en vigor de la ley. La diputada Milena Herrera (PSOE) tildó de «delirante» la cifra de 1.200 millones y denunció que podría provocar un efecto inflacionario en los billetes. Félix Alonso (Sumar) acusó al PP de «redactar el manual del CEO de Ryanair«.
La ley incluye otros aspectos como la creación del colegio profesional de controladores aéreos, un plan de ciberseguridad para infraestructuras aeroportuarias, y un plan de descarbonización del sector aéreo que no contempla la eliminación de rutas.
También incorpora una enmienda del PP que permitirá a los consells y cabildos insulares participar en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, relativo a las condiciones operativas y económicas de Aena.
Entre otros puntos relevantes, la ley recoge un mecanismo para reutilizar más de 90 aeronaves abandonadas en aeropuertos de Aena. Estas podrán ser cedidas a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro, o bien subastadas, previa evaluación técnica de su estado por parte de Aviación Civil.
Finalmente, a propuesta de Junts, se establece que el personal sanitario que trabaje en medios aéreos podrá acceder a coeficientes reductores para anticipar la jubilación, dentro del marco legal de la Seguridad Social. El Gobierno deberá iniciar el procedimiento en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.