La recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas aumentó en la Región de Murcia un 18,3% en los primeros seis meses del año. El Ministerio de Hacienda, de donde proceden los datos, cifra en el 10,4% el incremento medio registrado en España.
El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, remarcó este jueves que dichos datos «demuestran que la Región de Murcia se posiciona como referente nacional en dinamismo económico. Somos un territorio de confianza para invertir, para emprender y para generar oportunidades de empleo y bienestar social».
En este sentido, resulta especialmente significativo el aumento de recaudación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, un tributo que grava la compra-venta de bienes como pueden ser viviendas o vehículos y que supone por tanto un reflejo de la actividad económica. En los seis primeros meses de 2025, la recaudación de este impuesto alcanzó los 110,8 millones de euros frente a los 90,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 22,7%.
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
En el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tributo vinculado al de Transmisiones Patrimoniales, la recaudación pasa de 32,7 millones de euros entre enero y junio de 2024 a los 41,9 del mismo periodo de 2025, un aumento que alcanza en este caso el 28,1%.
“El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados está directamente vinculado a la actividad económica, por lo que supone un verdadero termómetro de la economía y, en este caso, revela que la Región de Murcia está consolidando un entorno económico dinámico que genera estabilidad y confianza y atrae a su vez mayor actividad económica, reforzando así la sostenibilidad de las finanzas públicas”, valoró el consejero.
Marín vinculó este crecimiento sostenido que sitúa a la Región de Murcia a «la vanguardia tributaria» con la «política de moderación fiscal». «En estos últimos años hemos avanzado en medidas como la ampliación de la bonificación al grado III en el Impuesto de Donaciones o la puesta a disposición de los contribuyentes de hasta 27 deducciones con un marcado carácter social”.