El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2025, que se eleva ligeramente a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Con este paso, el Ejecutivo da el ‘pistoletazo de salida’ para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año, con el objetivo impulsar la economía, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.
«Damos un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para el año 2025, que esperamos presentar en tiempo y en forma y, por tanto, tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre del año en curso», ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2025.
Montero ha explicado que esta cifra de 199.171 millones es «bastante similar» a la registrada en el año anterior, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos Next Generation.
«En cualquier circunstancia, los fondos europeos siguen siendo una palanca imprescindible para la transformación de nuestro modelo productivo, fundamentalmente en digitalización, transición verde o cohesión territorial», ha señalado la ministra.
Sin tener en cuenta los fondos europeos, el techo de gasto se eleva en 2025 a 195.353 millones, un 3,2% más respecto al año pasado (6.138 millones más). «Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal«, ha subrayado.
Junto con el techo de gasto, el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
En concreto, se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones deba reducirse al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado, pero el Gobierno ya se ha asegurado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ha sucedido otros ejercicios, y para ello ha eliminado esta facultad del Senado en la Ley de Paridad que ha entrado en vigor recientemente.