Las patronales de panadería, carnicería y pescadería reclamaron un retraso de dos años en la obligación de adoptar el sistema VeriFactu, que implica el uso de programas de facturación electrónica certificados y la transferencia automática de datos a la Agencia Tributaria. Las organizaciones Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca explicaron en un comunicado conjunto que una implantación inmediata puede afectar a la viabilidad de miles de establecimientos formados mayoritariamente por microempresas y autónomos con recursos limitados.
Según las patronales, sus asociados identifican obstáculos como la falta de conocimiento técnico y legal, los costes elevados de software y hardware y la ausencia de soporte y ayudas. Indicaron que no plantean rechazar la norma, sino solicitar un plazo razonable que permita una adaptación sin comprometer la actividad económica. Recordaron además que en el País Vasco, con el sistema TicketBAI, se aplicaron flexibilizaciones y que los profesionales mayores de 60 años sin personal contratado quedaron exentos de la obligación.
Demandas de moratoria y apoyos fiscales
Las tres organizaciones propusieron una moratoria de dos años para una transición progresiva del comercio de proximidad, exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años y medidas de flexibilidad para colectivos vulnerables. También solicitaron deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades con el fin de incentivar la implantación temprana del sistema y compensar parcialmente la inversión necesaria en software y asistencia técnica.
Recordaron que la Agencia Tributaria fija la obligatoriedad de VeriFactu para sociedades y autónomos entre enero y julio de 2026. Las organizaciones defendieron que España adopte un calendario gradual similar al de Francia, donde hasta el 1 de septiembre de 2027 las pymes y micropymes no están obligadas a emitir facturas electrónicas.