La lucha de España contra el cambio climático se traducirá en unas necesidades de inversión de 104.000 millones de euros a lo largo de los próximos diez años –más de 10.400 millones por año–, solo para hacer frente a las demandas de agua por las sequías y reducir los efectos de las inundaciones.
Así lo ha calculado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) durante la presentación, junto con Typsa, del informe ‘Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España’, en unas jornadas tituladas ‘Agua y Futuro: Hoja de ruta para España’.
Por un lado, las necesidades ascienden a 84.644 millones de euros para contrarrestar la variabilidad de las precipitaciones y temperaturas que dan lugar a situaciones de escasez de agua, cifra en la que se incluyen 59.183 millones destinados a infraestructuras del ciclo urbano del agua para cumplir con las directivas europeas de abastecimiento y saneamiento y alcanzar tasas mínimas de renovación del 1% anual.
Dentro de esa partida de sequías de 84.644 millones también se encuentran otras necesidades de 10.933 millones para la ampliación de inversiones en desalación y reutilización, especialmente en las cuencas mediterráneas; 7.647 millones en nuevos trasvases o presas; 4.112 millones para cumplir los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico; y 2.769 millones destinados al conocimiento y monitorización del ciclo del agua.
Por otro lado, el estudio ha identificado otras inversiones de 19.180 millones de euros para reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia hídrica, destacando 9.443 millones en sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), tanques de tormenta, infraestructuras de laminación y monitorización de sistemas de saneamiento.
En esta segunda partida de inundaciones también hacen falta 4.644 millones en adecuación y modernización de presas existentes, 3.550 millones en medidas estructurales para reducir el riesgo de inundación o 1.542 en infraestructuras verdes destinadas a conservación de cauces y litoral, restauración hidrológica forestal y restauración fluvial.
Más de 4.000 millones en las Cuencas Mediterráneas
En España hay 2,7 millones de personas que residen en zonas inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo, teniendo asimismo 25.000 kilómetros de ríos y litoral clasificados como zonas inundables.
En este sentido, el informe agrupa en un apéndice 4.052 millones de euros la inversión a realizar en las Cuencas Mediterráneas con varias actuaciones no previstas en los planes hidrológicos.
Entre ellas, se recomiendan nuevas presas o alternativa similar a las de Villamarchante (120 millones) en el Bajo Turia, Estubeny (80 millones) y el Marquesado (80 millones) en el Bajo Júcar y afluentes, una nueva presa del Buseo en el río Reatillo y anticipar la presa de Montesa (100 millones) prevista en el próximo ciclo hidrológico.
Además, se contemplan actuaciones en estudio por el Ministerio en la cuenca del barranco del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet y Massanassa, con 424 millones de euros de inversión estimada.
El informe pone de relieve, además, la necesidad urgente de establecer un marco financiero específico para la ejecución de los planes hidrológicos y de riesgo de inundaciones, actualmente inexistente.
Además, el estudio asegura que «la fragmentación competencial y la falta de una gobernanza homogénea han generado ineficiencias en la gestión, con diferencias notables entre territorios y una carencia generalizada de planificación inversora».
Las infraestructuras hidráulicas están sujetas a una planificación hidrológica europea, derivada de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que obliga a elaborar planes hidrológicos y de prevención del riesgo de inundación cada seis años.
Actualmente, en España están en vigor los Planes Hidrológicos de tercer ciclo y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo (2022-2027), con programas de medidas dotados con 37.938 y 3.312 millones de euros, respectivamente.
Sin embargo, la coordinación entre ambos instrumentos es limitada y la ejecución de las inversiones es muy baja: en el último ciclo, los Planes Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30% de ejecución.
«La catástrofe causada por la dana de octubre de 2024 ha subrayado la urgencia de un enfoque integral sobre la planificación, ejecución y financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, nuestro país afronta sequías cada vez más frecuentes que afectan a palancas clave de nuestra competitividad como la agricultura, ganadería y turismo y a las nuevas demandas de agua en la economía global, como la industria de la transformación digital y la industria verde basada en el hidrógeno», ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez.