El número de beneficios de las rentas de inserción en la Región de Murcia tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) estatal ha descendido un 76’2 % entre 2020 y 2024, al pasar de 19.783 a 4.701, respectivamente.
También ha disminuido la inversión en rentas mínimas de inserción desde la aprobación del IMV en este periodo, dado que la Región destinó 17,2 millones de euros en 2020 y 7,9 en 2024, lo que supone un descenso de 9,2 millones, un -53,8 %.
Según el último informe de rentas mínimas de inserción que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales, en 2024 había 354.479,19 personas en riesgo de pobreza en la Región de Murcia, lo que representa un tasa de riesgo de pobreza del 22,6%, superior a la media nacional del 17,90%.
Las comunidades de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla León y Andalucía han reducido casi por completo sus rentas de inserción para quienes viven por debajo del umbral de la pobreza tras la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) estatal.
El IMV es una prestación económica estatal gestionada por la Seguridad Social, pensada para asegurar unos ingresos mínimos a personas u hogares en situación de vulnerabilidad económica. Está regulado por una norma de 2021.
Antes del IMV, muchas autonomías gestionaban la renta mínima de inserción (RMI), ayudas autonómicas para familias en situación de exclusión social o pobreza. Con la aprobación del IMV, muchas han reducido sus presupuestos en este ámbito.
Asimismo, entre las comunidades que han tomado esa decisión destacan, por este orden: Madrid (-95%); Aragón (-92,6%); Castilla–La Mancha (-88,2%); Castilla y León (-80,7%) y Andalucía (-79,8%).
“En los tres últimos años –desde la implantación del IMV-, se han reducido más de 170.000 beneficiarios, y trece comunidades autónomas han disminuido su gasto en rentas mínimas de inserción”, señala este último informe. En el otro extremo, sólo cuatro comunidades aumentan su presupuesto: Canarias (139,1%), Baleares (58,4%), Comunitat Valenciana (8,7%) y País Vasco (4,7%).
En tres comunidades las RMI ni siquiera alcanzan al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Castilla–La Mancha (0,1%), Madrid (0,4%) y Andalucía (0,6%). En otras dos no llegan al 2%: Castilla y León (1,2%) y Murcia (1,3%).
El informe citado apunta que seis de cada diez titulares de renta mínima son mujeres, el 23,4% son menores de 35 años y hay más de 87.000 menores en familias que perciben una renta mínima.
La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades supone que, en los tres años desde la aprobación del ingreso mínimo vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de casi 400 millones de euros, señala también el citado informe.
Sólo el 6,1% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las comunidades autónomas. Este porcentaje se está reduciendo desde el 2015, tras alcanzar ese año su nivel más alto con un 8,7%, salvo en el año de la pandemia (2020).