Un 20% de la población de la Región de Murcia, es decir, unas 320.000 personas, se encuentran en situación de exclusión social, según los datos del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado recientemente por Cáritas Diócesis de Cartagena y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA). El informe destaca que los principales factores que dificultan la integración social son el empleo y la vivienda.
El estudio señala que el 23% de la población murciana sufre algún tipo de exclusión residencial, lo que se debe en gran medida al encarecimiento de los precios de la vivienda y los alquileres en los últimos años. De hecho, el informe revela que el 46% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, y que unos 86.000 hogares de la Región caen por debajo del umbral de la pobreza severa una vez que abonan los suministros básicos y el coste de la vivienda.
En cuanto al empleo, aunque en la Región de Murcia se registran incrementos en la creación de puestos de trabajo, el informe matiza que la precariedad laboral y el descenso de los salarios reales limitan esa mejora. Así, el 11,6% de los hogares, donde residen alrededor de 188.000 personas, se enfrentan a problemas de exclusión en el ámbito laboral.
Por otro lado, el 26% de la población de la Región, unos 400.000 murcianos, se encuentran en riesgo de pobreza, una cifra que supera en un 19% la media nacional. Lo más preocupante, según el informe, es que las tasas de pobreza se han mantenido por encima del 24% entre 2018 y 2024, lo que refleja una situación de cronificación de la pobreza en la Región.
El estudio también revela que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llega al 56% de las personas en pobreza severa en la Región, y que el 57% de los afectados ni siquiera ha oído hablar de esta prestación no contributiva. Asimismo, la Renta Básica de Inserción está en vías de extinción, con apenas un 0,4% de personas beneficiarias en 2023.
En términos de acceso a necesidades básicas, más de 220.000 personas en la Región tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente, productos sanitarios necesarios o atención médica adecuada para tratar problemas de salud graves o crónicos. Además, la prevalencia de trastornos de salud mental entre las personas en exclusión social es del 10,8%, frente al 1,7% de quienes están completamente integrados.
El informe también aborda el aislamiento social, que afecta al 15% de los hogares en situación de exclusión, y la discriminación, que ha sufrido el 19% de la población excluida, especialmente por motivos de nacionalidad u origen. Las personas extranjeras enfrentan tasas de exclusión social 2,6 veces superiores a las de las personas de nacionalidad española (43% frente a 16%).
En cuanto a las familias, los hogares con dos o más menores presentan una incidencia de exclusión del 32,7%, el doble que los hogares formados solo por adultos (17%). Además, la exclusión es más pronunciada en hogares encabezados por mujeres, especialmente en los casos de monoparentalidad, donde la tasa de exclusión asciende al 30%.
José Manuel Lorca, presidente de Cáritas y obispo de la Diócesis de Cartagena, ha destacado que el análisis de FOESSA es «riguroso» y refleja la realidad social, además de ser un estudio basado en la experiencia de voluntarios y profesionales de la acción social. Por su parte, Jesús Martínez-Pujalte, director de Cáritas, subrayó que el informe debe servir para asumir «la cuota de responsabilidad» de la sociedad y la política en la resolución de esta crisis social.
Por último, Marina Sánchez-Sierra, miembro de FOESSA y del equipo de estudios de Cáritas Española, ha afirmado que «no fallan las personas, falla el sistema», señalando la necesidad urgente de reformas estructurales para abordar la exclusión social en la Región.