El espejismo de la sanidad privada como alternativa viable al colapso de la pública se ha desvanecido este mes de enero. Buena parte de los más de 12 millones de españoles que mantienen una póliza de salud han recibido comunicaciones de renovación con incrementos que, en muchos casos, multiplican la inflación general. Las grandes compañías del sector están ejecutando una corrección de márgenes sin precedentes, con subidas que oscilan entre el 12% y el 20%, justificadas por una inflación médica técnica que en España ya se sitúa en el 8,4%, impulsada por el coste de los nuevos tratamientos oncológicos y la actualización de tarifas de los grandes grupos hospitalarios.
Sin embargo, el factor que está provocando mayor indignación no es el precio, sino la aplicación sistemática de la cláusula de «no renovación» por siniestralidad. Durante años, la estrategia comercial se basó en captar masivamente a la clase media cansada de las listas de espera de la Seguridad Social mediante primas de bajo coste. Ahora que esa masa crítica de usuarios ha envejecido o ha empezado a hacer un uso intensivo del seguro para patologías crónicas, las aseguradoras están haciendo uso de su derecho legal a no prorrogar el contrato al vencimiento anual. Miles de personas con patologías previas están siendo expulsadas del sistema privado justo cuando más lo necesitan, viéndose obligadas a regresar a una sanidad pública que no ha dejado de perder recursos en favor de estas mismas entidades.
A este escenario se suma el endurecimiento de los «baremos de autorización». Para frenar la caída de beneficios, las compañías han burocratizado el acceso a pruebas diagnósticas que hasta hace meses eran casi instantáneas. Ahora, una resonancia o una intervención menor requiere procesos de validación que se alargan semanas, mimetizando las carencias del sistema público. En la práctica, el sector está mutando hacia un modelo de selección de riesgos donde solo el paciente joven y sano resulta rentable, mientras que el resto es derivado de facto mediante precios prohibitivos o rescisiones directas hacia el sistema de salud estatal.
El resultado de esta maniobra en 2026 es una transferencia de rentas masiva: los ciudadanos han financiado durante años unos beneficios récord de la banca-seguros para descubrir, en el momento de la verdad, que su póliza no era un servicio garantizado, sino un producto financiero volátil sujeto a la rentabilidad del trimestre.
Así, el modelo de «seguro a 30€» ha muerto. Tras años lucrándose con el desvío de pacientes, las aseguradoras aplican ahora subidas de dos dígitos para «limpiar» sus carteras de clientes no rentables. Si tienes más de 60 años o una enfermedad crónica, ya no les interesas: el sector está usando la letra pequeña para devolverte a la pública tras haber cobrado tus primas durante décadas. El negocio era ese: cobrarte mientras estabas sano.