Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado ya 169,5 millones de llamadas con intenciones fraudulentas desde la puesta en marcha del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, el 7 de marzo de 2025.
Estos mismo operadores han bloqueado, asimismo, 10,4 millones de SMS con el mismo objetivo fraudulento, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
En el último recuento oficial, el pasado 11 de diciembre, los operadores de telecomunicaciones lograron bloquear cerca de 135 millones de llamadas y más de 5 millones de SMS fraudulentos.
Con las cifras actualizadas, desde el pasado 11 de diciembre (algo más de 50 días), los operadores han bloqueado 34,5 millones de llamadas y 4,6 millones de SMS, en ambos casos susceptibles de contener mensajes fraudulentos.
Las acciones de bloqueo de llamadas y SMS corresponden a las obligaciones establecidas por la Orden Ministerial que regula el bloqueo de numeraciones no asignadas y de comunicaciones que simulan proceder de números españoles.
El Plan antiestafas también prohíbe las llamadas comerciales y de atención al cliente desde números móviles.
En ese sentido, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado este miércoles dos resoluciones para someterlas a trámite de audiencia.
Ambas resoluciones establecen rangos de numeración específicos y diferenciados para las llamadas comerciales y de atención al cliente, al amparo de la nueva Ley de Servicios de Atención al Cliente.
El nuevo rango de numeración para las llamadas comerciales tendrá nueve dígitos y comenzará con el prefijo 400.
La segunda resolución publicada establece que las llamadas de atención al cliente solo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos.
Cuando la nueva numeración esté plenamente operativa, los operadores bloquearán las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no están utilizando la numeración establecida.
El texto sometido a audiencia pública establece un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de las resoluciones.