El grupo minero australiano Berkeley Energía ha presentado formalmente un memorial de demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), solicitando una indemnización de 1.250 millones de dólares (casi mil millones de euros) a España. Este monto es superior a los 1.000 millones de dólares (920 millones de euros) que la compañía había reclamado previamente en mayo, cuando notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el inicio del procedimiento de arbitraje contra el Gobierno español.
En su demanda, Berkeley argumenta que las acciones de España en relación con su proyecto de uranio en Retortillo, en la provincia de Salamanca, han violado varias disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), lo que justifica su solicitud de compensación económica. La minera afirma que las decisiones de las autoridades españolas han afectado de manera significativa su inversión en el país.
A pesar de esta disputa legal, Berkeley ha reiterado su disposición a dialogar con las autoridades españolas para encontrar una solución amistosa y resolver los problemas relacionados con los permisos. La compañía ha señalado que sigue comprometida con el proyecto de Salamanca y espera poder mantener conversaciones constructivas con el Gobierno para desbloquear la situación.
El procedimiento de arbitraje continúa en el CIADI de Washington, y España tiene plazo hasta julio de 2026 para responder al memorial de demanda. Además, si el tribunal decide examinar cuestiones de jurisdicción antes de entrar a analizar la responsabilidad y los daños, España tendría tiempo hasta octubre de 2026 para presentar su memorial.
La disputa se enmarca en el contexto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que en 2021 introdujo restricciones a las nuevas concesiones de exploración y explotación de materiales radiactivos. Berkeley sostiene que su proyecto debería seguir regulado por la legislación anterior, que permitía la explotación de estos recursos, mientras que el Gobierno ha rechazado el proyecto tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en noviembre de 2021.