El interventor general de la Comunidad, David Rodríguez, ha asegurado este lunes en la Asamblea Regional que el 99,41% del ajuste del remanente de tesorería señalado en la Cuenta General de 2022 se ha explicado por la configuración jurídica del Servicio Murciano de Salud (SMS) y ha defendido que se trata de un efecto contable derivado de su personalidad jurídica y patrimonio propios, al insistir en que el gasto del SMS ha quedado reflejado en su contabilidad.
Así lo ha expuesto en su comparecencia en la Comisión de Economía, convocada para informar sobre la Cuenta General de 2022 y el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente, y ha señalado que en la Región se ha dado una «situación un poco extraña» porque, a diferencia de otras comunidades con órgano de control externo propio, ha sido la Intervención la que ha comparecido para explicar el informe del Tribunal, además de su propio trabajo.
En este sentido, ha recalcado que la Intervención General ha actuado como órgano de control interno del Gobierno regional, integrada en la Consejería de Hacienda y ha negado haber recibido instrucciones políticas o trasladarlas a los funcionarios: «Yo no recibo órdenes», ha advertido.
El interventor ha encuadrado la comparecencia en el ciclo presupuestario, presupuestación, ejecución y control, y ha precisado que su intervención se ha ceñido a lo manifestado por el Tribunal de Cuentas, limitando sus valoraciones al ejercicio fiscalizado. Ha recordado que el presupuesto de 2022 se aprobó mediante la Ley 1/2022, de 24 de enero, y ha aludido a la alteración de previsiones derivada de la invasión de Ucrania, que, ha indicado, ha impactado en los costes energéticos y generado nuevas necesidades de gasto.
En cuanto a las magnitudes generales, ha señalado que los créditos iniciales han sido de 6.818 millones de euros y que, tras modificaciones netas por 419 millones, los créditos definitivos alcanzaron los 7.237 millones, con un grado de ejecución del 93%. Asimismo, ha indicado que los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre ascendieron a 6.984 millones de euros, un 14% menos que en 2021, fundamentalmente por la caída de transferencias vinculadas a la pandemia, y ha situado el déficit de 2022 en el -2,9% del PIB.
Sobre el periodo medio de pago a proveedores, afirma que hasta agosto se mantuvo en niveles reducidos y por debajo de la media autonómica, aunque desde septiembre se deterioró por encima de los 30 días, sin superar en ningún mes el límite de 60 días.
El eje central de la sesión se ha concentrado en el remanente de tesorería y el ajuste advertido por el Tribunal de Cuentas. Rodríguez ha explicado que la distorsión se ha producido en el cálculo de los derechos pendientes de cobro por la relación contable entre la Comunidad y el SMS.
Según ha detallado, cuando la Comunidad ha satisfecho obligaciones del servicio frente a terceros, esas cantidades han figurado como derechos de cobro frente al propio SMS y, al no haberse rendido cuentas consolidadas, no se han compensado con las obligaciones recíprocas. En este contexto, ha afirmado que en 2022 esta mecánica ha explicado prácticamente la totalidad del ajuste, con una sobrevaloración cifrada en torno a 4.621 millones de euros, y ha insistido en que «en la contabilidad del SMS ha estado cada euro», subrayando que el problema ha sido de carácter normativo. Según ha expuesto, las soluciones de fondo han requerido cambios legales fuera de su alcance, al derivar de la ley que ha regulado el SMS, por lo que la Intervención ha optado por una medida contable para mitigar el efecto.
Según ha expresado, ha deteriorado el valor de esos derechos considerándolos de dudoso cobro, una corrección cuyos efectos se han apreciado ya en la Cuenta de 2023, con un remanente negativo de 791 millones de euros.
En cuanto al control interno, el interventor ha defendido la independencia técnica de la Intervención General y ha explicado que en 2022 se tramitaron más de 19.000 expedientes de fiscalización por importe de 7.045 millones de euros y se formularon 14 reparos por un total de 850.000 euros, lo que ha situado el nivel de reparos en torno al 0,07% del total. También ha subrayado que se atendieron las observaciones del Tribunal de Cuentas y que cuando no se ha compartido plenamente algún criterio se ha intentado corregir para alinearse con sus recomendaciones.