Las asociaciones Ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han solicitado la realización de análisis de suelos agrícolas en el Campo de Cartagena debido a los indicios de presencia de metales pesados en dichos terrenos. Las organizaciones han denunciado lo que consideran una “inacción administrativa” ante la existencia de mapas oficiales de concentraciones que indican altos niveles de plomo, cadmio, zinc y cobre en suelos agrícolas de la región, presentando patrones de contaminación que podrían ser consecuencia de aportaciones históricas provenientes de actividades mineras y metalúrgicas.
Estas cartografías, elaboradas para la Administración por el equipo redactor encargado del informe para la Consejería de Agua, Agricultura, Ganado y Pesca, identifican varias zonas como hotspots de contaminación, con niveles incompatibles con el uso agrario en ciertos casos. Sin embargo, las asociaciones han lamentado que no se haya hecho público el dataset completo que sustenta estos mapas, lo que dificulta la realización de auditorías independientes y la verificación de si las concentraciones de metales pesados superan los límites legales.
El acceso a estos datos es clave para que los agricultores, trabajadores y consumidores puedan contar con garantías de seguridad. Las asociaciones han subrayado que sin estos datos, no es posible realizar un análisis adecuado de la situación ni adoptar las medidas preventivas necesarias para proteger tanto la salud de los trabajadores como la calidad de los productos agrícolas.
Las cartografías disponibles permiten verificar que en algunas zonas donde las concentraciones superan los umbral legal, hay una clara incompatibilidad con el uso agrícola. En aquellas áreas cercanas al límite, la falta de verificación oficial es un riesgo que no puede ser ignorado. Las asociaciones también han advertido que la incertidumbre residual no puede ser utilizada como excusa para no tomar medidas inmediatas, dado el impacto potencial sobre la salud humana, la salud laboral, y el medio ambiente.
En este sentido, han señalado que existe un riesgo directo para los trabajadores agrícolas por contacto dérmico, ingestión accidental e inhalación de polvo. Especialmente en épocas de sequía, cuando las concentraciones de polvo en el aire aumentan. Las asociaciones aseguran que “alguien conocía estos datos”, pero no tomó las medidas necesarias para proteger a los humanos ni al medio ambiente, lo que consideran una grave falta de responsabilidad.
Por ello, ambas organizaciones exigen la entrega inmediata del conjunto completo de datos primarios que sustentan los mapas, o la puesta en marcha de una campaña independiente de muestreo en suelos agrícolas, priorizando las zonas de mayor riesgo identificadas en los mapas. También han solicitado que se determinen simultáneamente el pH de los suelos, que se garantice la cadena de custodia de los datos, y que se utilicen laboratorios acreditados para los análisis. Mientras tanto, piden la adopción de medidas provisionales de protección en las áreas con mayor riesgo para salvaguardar la producción alimentaria y la salud de los trabajadores del sector.
Por último, Ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor reclaman transparencia total en el proceso y la participación de peritos independientes. Si se confirman los riesgos inaceptables para la salud pública, piden la activación del procedimiento de suelo contaminado y una evaluación de riesgos sin dilaciones.
Ambas asociaciones también exigen que se asuma responsabilidad institucional en el caso de que se confirme que los datos fueron conocidos por autoridades competentes sin que se tomaran las acciones necesarias para proteger la salud pública y el medio ambiente.