El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, declarará mañana como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la ampliación de capital realizada en 2015 por Urbas, una operación valorada en 384 millones de euros.
Buenaventura comparece a petición de las defensas de los dos principales acusados, el actual presidente de la compañía, Juan Antonio Acedo, y su antecesor, Juan Antonio Ibáñez. También están citados como testigos el director de Información Financiera y Corporativa de la CNMV, Eduardo Manso, y quien fuera secretario del consejo, Miguel Martínez Gimeno.
La causa se inició en 2017 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción y analiza la ampliación ejecutada mediante la aportación de activos supuestamente «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias. Según el Ministerio Público, la operación se articuló a través de una aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira, sin incluir ampliación de capital dineraria, «pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas», y con bienes inmuebles «extremadamente sobrevalorados».
Peticiones de la Fiscalía y situación procesal
La Fiscalía solicita 8 años y tres meses de prisión para Acedo y 8 años para Ibáñez por presuntos delitos societarios y contra el mercado. Además, reclama que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule la ampliación. Para otras doce personas procesadas pide penas de entre 6 años y 10 meses de prisión por los mismos hechos.
Durante la instrucción, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó el sobreseimiento provisional respecto de Urbas, Grant Thornton y otras siete personas físicas y jurídicas por falta de indicios. No obstante, junto a Acedo e Ibáñez permanecen procesadas una docena de personas.
Anticorrupción sostiene que el informe aprobado por el consejo de administración en mayo de 2015 para justificar la ampliación ante la junta general se fundamentaba en la «ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira». A su juicio, tanto la valoración del consejo como las conclusiones del informe elaborado por Grant Thornton eran «irracionales y ajenas» a la realidad de las fincas aportadas y del contexto económico e inmobiliario.
La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir delitos relativos al mercado y a los consumidores, estafa y administración desleal.
Argumentos de la defensa y situación concursal
En su defensa, Acedo sostiene que la ampliación fue aprobada por el 99,90% de los asistentes a la junta general de julio de 2015, sin que fuera impugnada judicial ni extrajudicialmente. Según el directivo, la operación evitó la disolución y liquidación de la sociedad y permitió que los accionistas conservaran sus títulos sin necesidad de amortizarlos.
Asimismo, defiende la valoración de los activos de Aldira, apoyada en tasaciones de firmas independientes como CBRE, Richard Ellis, Tecnitasa, RDO y Knight Frank.
A finales de enero, Urbas fue declarada en concurso voluntario de acreedores y la firma Auren Kepler Karst fue designada como administrador concursal único.