La Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) ha denunciado que las administraciones públicas «continúan haciendo un uso inadecuado de Grupo Tragsa para llevar a cabo obras en la Región de Murcia sin convocar la correspondiente licitación pública justificándolo mediante razones de emergencia o interés público», como ya señaló a principios de 2025.
La entidad pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), creada en 1977, tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración, por lo que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cualquier organismo de la Administración que forme parte de su accionariado o tenga convenio con alguno de sus accionistas puede recurrir a ella, han informado desde Portavoz.
En concreto, la asociación, que reúne a las mayores empresas constructoras de obra pública de la Región, ha señalado que el año pasado tanto la Administración regional como la estatal le encargaron obras por valor superior a los 16 millones de euros. En este sentido, el Gobierno central le ha adjudicado las obras para la consolidación y restauración del patrimonio minero y la conservación de valores naturales asociados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión; la restauración de ecosistemas en El Carmolí y los proyectos de remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TT.MM de Cartagena-La Unión ‘Conjunto 5B-Sancti Spiritu’, ‘Conjunto 8 – Peña del Águila – Zona 1’ y ‘Llano del Beal, Zona 2’, todos ellos enmarcados dentro de las actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, dependientes del Gobierno.
Por su parte, la Comunidad le ha encargado la mejora de hábitats en El Carmolí, varios caminos rurales y vías pecuarias y la ampliación del Hospital Comarcal del Noroeste.
«Para todas ellas se podría haber empleado el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite acelerar los plazos sin dejar a las compañías del sector fuera del procedimiento», han afirmado.
La ejecución de obras a través de Tragsa «supone un gran perjuicio para las entidades dedicadas a este ámbito, puesto que las tarifas de la empresa pública no incluyen el IVA», han asegurado. Además, han añadido que «el uso continuado de ella lleva aparejada una inflación en el mercado de mano de obra y maquinaria, porque tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar los trabajos que se le encomiendan».
El presidente de Acomur, José Juan González, ha mostrado su descontento «con el uso inadecuado que se sigue haciendo de Tragsa, un hecho que ya denunciamos a principios del año pasado. El empleo de esta empresa pública es competencia desleal para las empresas de la construcción, porque les impide acceder a licitaciones relevantes y, por tanto, se ve alterada su estabilidad financiera».