La negociación entre el Gobierno y los sindicatos sobre la reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado encara su fase final con la previsión de que la jornada de 35 horas semanales entre en vigor este viernes. El Ministerio de Función Pública ha convocado nuevas reuniones técnicas para cerrar los últimos detalles de una medida incluida en el acuerdo para la modernización de la Administración.
Los encuentros, previstos para este lunes y el miércoles, servirán también para avanzar en otros asuntos como la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 y la regulación del acceso de personas con discapacidad. La medida de reducción horaria deberá ser posteriormente ratificada en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Desde UGT Servicios Públicos han reiterado que la jornada de 35 horas debe consolidarse como un derecho para todo el personal y no quedar como una opción sujeta a condiciones. «no aceptará que su implantación conlleve recortes en materia de conciliación o flexibilidad, ni una merma en la calidad del servicio público», han señalado en un comunicado.
En paralelo, el sindicato ha reclamado que la implantación de esta jornada sea compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. En este sentido, ha insistido en la necesidad de reforzar plantillas en organismos con alta carga de trabajo como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y la Seguridad Social.
Retrasos en empleo público y convocatorias pendientes
UGT ha advertido de que siguen sin convocarse plazas correspondientes a ejercicios anteriores, lo que afecta tanto al funcionamiento de la Administración como a las expectativas laborales. En total, permanecen pendientes 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna de las ofertas de 2023, 2024 y 2025.
El sindicato también ha pedido agilizar los procesos selectivos para que se inicien en el mismo año de su publicación y reducir los plazos de resolución. Además, ha reiterado la necesidad de generar empleo neto en la Administración.
Acceso de personas con discapacidad
Otro de los puntos en negociación es la regulación del acceso de personas con discapacidad a la Administración General del Estado. UGT ha señalado su objetivo de avanzar hacia una estructura administrativa más accesible e inclusiva, que garantice los derechos laborales en igualdad de condiciones.