El Defensor del Pueblo registró 943 quejas en la Región de Murcia a lo largo de 2025, lo que representa el 2,59% de los expedientes recibidos a nivel nacional y un incremento del 8,1% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron un total de 872.
La institución mantiene abiertas diversas actuaciones con el Ayuntamiento de Cartagena en relación con la negativa a la participación de una madre y su hija menor en una cofradía y banda de música local por razones de género, según el informe correspondiente al año anterior.
El organismo se encuentra a la espera de que el consistorio cartagenero informe sobre las medidas de detección de situaciones discriminatorias en la adjudicación de subvenciones y en el apoyo institucional a la Junta de Cofradías.
En materia de justicia, el Defensor dirigió una resolución al Coordinador Provincial de Murcia para instar a la adopción de ajustes que garanticen la participación en condiciones de igualdad de las personas mayores ante la Administración de Justicia.
El requerimiento subraya la necesidad de instruir al personal de la oficina judicial y a los trabajadores que mantienen contacto directo con la ciudadanía para aplicar las medidas de apoyo necesarias conforme a la normativa vigente.
Además, la Región de Murcia figura entre las administraciones que han avanzado en el desarrollo de procedimientos de valoración no presencial para el reconocimiento del grado de discapacidad según los datos facilitados por el Gobierno autonómico.
La Administración regional notificó a la institución la modificación de sus cartas de inicio de expediente para evitar confusiones sobre los efectos del silencio administrativo y el asesoramiento directo sobre prestaciones durante las entrevistas.
Por otro lado, en 2025, el Defensor inició una actuación de oficio con el Ayuntamiento de Murcia para solicitar información sobre las medidas destinadas a hacer efectivo el derecho a la vivienda y el impacto de los alquileres turísticos en la zona.
La oficina estatal remitió sugerencias al consistorio de la capital con el fin de agilizar las inspecciones técnicas necesarias para dar una solución adecuada a los problemas de ruidos y contaminación acústica denunciados por los vecinos.
Finalmente, el informe reseña que una asociación solicitó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia aprobado en junio del pasado año.