El Colegio de Graduados Sociales de la Región ha denunciado este lunes que el “retraso reiterado” de la publicación de la orden de cotización a la Seguridad Social, obliga a las gestorías de la Región a rehacer las nóminas de unos 300.000 trabajadores, además de los autónomos, lo que provocará “una congestión muy importante”.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la norma el pasado 31 de marzo y entró en vigor al día siguiente, 1 de abril, pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
El decano del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, ha explicado que “son ya cuatro años de improvisación” en la que los despachos y gestorías se enfrentan a “miles de nóminas que tienen que rehacerse a contrarreloj, con el consiguiente perjuicio para despachos empresas, pymes, trabajadores y autónomos”.
Como dato, ha comentado que estarían afectadas las nóminas de la práctica totalidad de los aproximadamente 22 millones de trabajadores del país. Solo en la Región de Murcia 130.000 personas cobran el Salario Mínimo Profesional (SMI), incluido en esta norma, pero también gran parte del resto de trabajadores.
Por ello, la estimación es que se tendrán que rehacer las nóminas de unos 300.000 trabajadores, además de los autónomos. Una “cantidad ingente” de actividad a la que se enfrentan los despachos y oficinas gestionados por graduados sociales en la Región, para lo que tienen de plazo únicamente este mes de abril.
“Un despacho puede llevar de media unos 2.000 trabajadores, por lo que imaginaos el trabajo”, ha apuntado Hernández Quereda, para quien la “congestión” va a ser “muy importante”, lo que conllevará a contratar personal extra o a aumentar las horas para cumplir el plazo.
El coste de este sobreesfuerzo recae directamente sobre los graduados sociales, ya que normalmente las pequeñas empresas que recurren a sus despachos profesionales y asesorías abonan una cuota mensual fija, por lo que no se les puede cargar este gasto extra.
Por ello, ha reprochado a la Administración central que lleve “desde 2022 repitiendo el mismo patrón de improvisación”. “No estamos ante un error puntual, sino ante un fallo estructural de planificación política y normativa” que debe solucionarse, ha aseverado.
“Estamos ante un problema muy serio de seguridad jurídica, de credibilidad institucional y de respeto a quienes sostienen el sistema”, ha concluido.