La Universidad de Murcia (UMU) se enfrenta a un importante revés judicial. Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dictaminado que la institución docente actuó de forma improcedente al descontar de las nóminas de los investigadores financiados con fondos europeos el coste de las cuotas patronales de la Seguridad Social.
Según informa la Cadena SER, el fallo judicial deja claro que estos gastos deben ser asumidos por la entidad empleadora y no pueden, bajo ningún concepto, detraerse del salario bruto que el trabajador tiene derecho a percibir según las convocatorias de ayudas.
Esta resolución judicial llega tras un largo proceso de reclamaciones por parte del colectivo afectado, que denunciaba cómo su capacidad adquisitiva se veía mermada de forma sistemática. La justicia ha dado la razón a los demandantes al considerar que la UMU realizó una interpretación errónea de la normativa que regula los contratos vinculados a proyectos europeos. La práctica habitual de la universidad consistía en incluir los costes de cotización dentro del presupuesto total destinado a la contratación, lo que terminaba reduciendo el salario neto final de los investigadores por debajo de los mínimos establecidos.
El conflicto tiene su origen en la gestión de las subvenciones otorgadas por la Unión Europea, diseñadas para fomentar la excelencia científica y la movilidad laboral en el continente. Los tribunales han subrayado que estas partidas presupuestarias están blindadas para cubrir tanto el sueldo del investigador como los costes adicionales que genera su contratación, pero que en ningún caso se permite que la carga impositiva de la empresa recaiga sobre el empleado. Esta sentencia sienta un precedente fundamental para otros organismos públicos y universidades que podrían haber estado aplicando metodologías contables similares en la gestión de sus fondos de investigación.
A partir de ahora, la Universidad de Murcia no solo deberá cesar en esta práctica de forma inmediata, sino que tendrá que afrontar la devolución de las cantidades devengadas y no pagadas a todos aquellos trabajadores que se vieron afectados por este sistema de descuentos. Aunque la institución todavía puede valorar los pasos legales a seguir, el contundente redactado de la sentencia dificulta una marcha atrás en la protección de los derechos salariales de los investigadores. Por su parte, los sindicatos y asociaciones de jóvenes investigadores han celebrado el fallo como una victoria histórica que dignifica el trabajo científico y pone fin a una precariedad encubierta en los centros de educación superior.