Las patronales de agencias de viajes celebran que el Ministerio del Interior haya pospuesto al 2 de diciembre la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, recogido en el Real Decreto 933/2021, que estaba previsto para el próximo 1 de octubre, y se han mostrado dispuestas a colaborar para establecer los términos de la aplicación final del decreto.
El vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha señalado que las agencias de viajes van a seguir «exigiendo que se exima a las agencias de viajes de esta obligación», ya que los datos exigidos ya son remitidos por los prestadores de los servicios.
Así, ha añadido que «obligar también a la intermediación supondría una duplicación de información innecesaria y hasta perjudicial para el objeto que se pretende que es la seguridad».
Por otro lado, en un comunicado conjunto firmado por Acave, Fetave y UNAV, las entidades han señalado que este aplazamiento supone un «reconocimiento a sus justas reivindicaciones» y de todo su esfuerzo para demostrar las consecuencias negativas que podría tener la aplicación de esta ley sin un adecuado desarrollo normativo.
Las tres asociaciones han alertado repetidamente acerca de cómo las nuevas obligaciones de registro e identificación supondrían una sobrecarga administrativa «excesiva», en especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).
Asimismo, alertaron de la imposibilidad de realizar las aportaciones de información en el tiempo y forma requerido puesto que, en muchos casos, las empresas carecen de la mayoría de información que se solicitaba. Las agencias de viajes consideran también que esta norma puede generar incompatibilidades con la normativa europea de protección de datos.
Portura de Interior
El motivo del nuevo retraso responde a razones técnicas para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía autonómicos, según han informado fuentes de Interior.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se recuerda que ha tenido una interlocución permanente con los sectores afectados para facilitar su adaptación a los requerimientos de la nueva normativa y a la plataforma donde se introducen los datos.
Por tanto, la próxima reunión con los representantes del sector turístico se celebrará el 4 de octubre.
Esta decisión de Ministerio supone un alivio para las compañías de la industria, que han mostrado durante estos meses su oposición y disconformidad por la aprobación de esta normativa.
En concreto, entre las críticas más pronunciadas están su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, unido a que su aprobación generaría inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas.
Además, la preocupación que se estaba produciendo en España por parte de todo el sector turístico, más allá de las propias agencias de viajes, hoteles y campings y organismos como la CEOE o la Mesa del Turismo, se ha ido extendiendo en Europa.
En este sentido, en Bélgica y Países Bajos, por ejemplo, las agencias de viajes y operadores turísticos también están alarmados por la falta de claridad sobre cómo manejar la nueva información requerida y cómo se garantizará la privacidad de los turistas.