Organizaciones de supermercados españoles han advertido este martes en Bruselas de que las inversiones que van a tener que hacer las empresas ante el reto de la digitalización, la Agenda Verde y la recapacitación de los trabajadores «obviamente afectará a los precios».
Las organizaciones territoriales agrupadas en Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) se reúnen esta semana con eurodiputados españoles de todos los grupos parlamentarios para reivindicar políticas de fomento de la competitividad desde una “visión de país”, desde la coordinación entre los sectores económicos y las administraciones públicas.
«El incremento de costes debido a la regulación obviamente afecta a los precios, pero las empresas trabajan para que sea lo menos posible una vez que se aplique esa incorporación de la nueva regulación y las nuevas exigencias», señaló Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores.
«Eso va a suponer unas inversiones muy importantes, prácticamente cinco céntimos de cada euro que se venda en el futuro del comercio europeo se van a tener que reinvertir en el desarrollo de esas necesidades por parte de los modelos de negocio de las empresas», añadió.
En ese sentido, el sector pidió «que las políticas transversales que afecten al comercio sean coherentes» dado su alto coste económico y estructural. «Es un sector que ha demostrado en el pasado ser esencial para el bienestar de los ciudadanos, un ejemplo de la pandemia, que ha luchado contra el incremento de precios de una forma muy importante y, sin embargo, a veces echamos de menos esa visión de la importancia del comercio», dijo García Magarzo.
ASEDAS quiere trasladar a los eurodiputados «que la ambición de crear sistemas alimentarios sostenibles pasa por el diálogo estratégico entre el conjunto de eslabones de la cadena y entre los legisladores».
Uno de los desafíos más inmediatos que, según Asedas, tiene el comercio europeo por delante es trasladar al legislador comunitario los problemas que plantea el borrador del reglamento contra la morosidad, que propone la limitación de los plazos de pago a 30 días y la supresión de la libertad para negociar condiciones.
Además, entre las tareas legislativas que deberán asumir los nuevos eurodiputados, destacaron, por su alto coste económico y estructural, el amplio paquete medioambiental, la normativa sobre diligencia debida y las obligaciones de reporte de información no financiera. Estos incluyen medidas relativas a deforestación, trabajos forzosos y eficiencia energética, entre otros, «para cuyo desarrollo realista es necesario contar con las empresas», subrayó el representante de Asedas.
En la Región de Murcia, Asumur, la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia, es quien forma parte de Asedas. Las empresas de Asedas suman más de 327.600 trabajadores, 19.200 establecimientos de distribución minorista, 495 de distribución mayorista y un total de más de 10,6 millones de metros cuadrados de superficie comercial de alimentación y gran consumo, lo que representa el 75,4 por ciento de la distribución alimentaria en España.