El Gobierno central ha anunciado este lunes que creará 19 nuevas plazas de jueces en la Región de Murcia, lo que considera como «la mayor ampliación de su planta judicial en un solo año y una cifra superior a la suma de las creadas en los últimos diez años«, informa el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Con esta medida, el número de efectivos judiciales en la comunidad crecerá un 11,2%, en el marco de un refuerzo general de la Justicia en todo el país. Las nuevas plazas se destinarán a reforzar los tribunales de instancia y órganos colegiados. En concreto, tres se incorporarán a la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el resto apoyará a los tribunales de instancia de partidos judiciales como Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura o Totana, entre otros.
La medida forma parte de un plan estatal que prevé la creación de 500 nuevas plazas judiciales en 2026, también un récord histórico. Según el Ejecutivo, esta cifra supera igualmente el total de plazas creadas en la última década y ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que implanta un nuevo modelo organizativo.
Este sistema sustituye los juzgados tradicionales, integrados por un único juez y su equipo, por tribunales de instancia formados por varios jueces y apoyados por una Oficina Judicial común.
El modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de constituir un juzgado completo, lo que reduce de forma significativa los costes. Mientras un juzgado tradicional suponía alrededor de 500.000 euros, cada nueva plaza en el sistema actual ronda los 100.000. Así, las 500 unidades proyectadas para este año tendrán un coste estimado de 55,7 millones de euros, frente a los 260 millones que habría supuesto el modelo anterior.
Del total nacional, 363 plazas serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Otras 50 serán de adscripción territorial, para cubrir necesidades variables de carga de trabajo.
La distribución se ha realizado con criterios como litigiosidad y población, teniendo en cuenta informes del Consejo General del Poder Judicial y propuestas de comunidades autónomas y tribunales superiores. Además, sigue en tramitación una ley que prevé convocar 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, junto al refuerzo de personal de gestión, tramitación y auxilio judicial.