El Parlamento Europeo ha dado este jueves luz verde definitiva a nuevas normas para reforzar la protección de los agricultores frente a prácticas comerciales desleales, especialmente en casos transfronterizos, obligando a las autoridades nacionales a cooperar y actuar para evitar conductas abusivas de los grandes compradores y minoristas.
El texto ha sido aprobado por amplia mayoría, con 555 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones y, tal y como explica la Eurocámara, busca garantizar que los trabajadores del sector agrario reciban una remuneración justa por su trabajo.
Entre las principales novedades, figura la posibilidad de que los Estados miembro intervengan por iniciativa propia para poner fin a prácticas comerciales desleales transfronterizas, sin necesidad de que el productor presente una denuncia formal.
Según explican los eurodiputados, este mecanismo replica el sistema de protección existente para las indicaciones geográficas en el mercado único y pretende evitar que los agricultores, a menudo en posición de debilidad negociadora, tengan que enfrentarse solos a grandes operadores.
La nueva normativa también aborda los casos en los que los compradores estén establecidos fuera de la Unión. Para impedir que las empresas eludan la legislación trasladando su sede fuera del bloque, se exigirá que designen un representante o punto de contacto responsable ante la UE en caso de investigación, que será el interlocutor de las autoridades competentes y deberá facilitar las pesquisas sobre posibles prácticas desleales.
Asimismo, el reglamento refuerza el intercambio de información entre autoridades nacionales mediante el Sistema de Información del Mercado Interior, una plataforma informática ya existente que permitirá compartir alertas sobre prácticas abusivas o riesgos inminentes y que busca mejorar la coordinación, acelerar las respuestas y reforzar el efecto disuasorio frente a comportamientos irregulares.
La reforma, que deberá ser adoptada formalmente por el Consejo entes de su entrada en vigor, complementa la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales adoptada en 2019, que ya protegía a los agricultores frente a abusos como retrasos en los pagos o cancelaciones de pedidos con poca antelación.
No obstante, dado que alrededor del 20% de los productos agroalimentarios consumidos en la UE proceden de otro Estado miembro, el nuevo reglamento busca reforzar la cooperación transfronteriza para cerrar lagunas en la aplicación de la normativa cuando proveedores y compradores se encuentran en distintos países.