El Gobierno regional ha impuesto una multa de 2 millones de euros a la empresa Cartagena Parque, propiedad del empresario Tomás Olivo, por «la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación» de los terrenos de la antigua factoría de Zinsa, en el barrio cartagenero de Torreciega.
La responsabilidad de Cartagena Parque deriva del hecho de que es la propietaria de la parcela de 427.353 metros cuadrados, que fue declarada suelo contaminado en diciembre del 2019.
Su propietario, Tomás Olivo, ‘el rey de los centros comerciales’, es la sexta mayor fortuna de España, con un patrimonio de 4.600 millones de euros, según la última lista de la revista Forbes.
La sanción se tipifica en el artículo 108 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 2022, especificando como infracción «la no realización de las operaciones de descontaminación y recuperación cuando un suelo haya sido declarado como contaminado».
La empresa no ha cumplido con el requerimiento que le realizó la Comunidad Autónoma el pasado 30 de mayo, han indicado desde el Gobierno regional. Ya en diciembre del 2019, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, requirió al causante de la contaminación (la propia Zinsa) a realizar las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento, y «subsidiariamente a los poseedores de los suelos contaminados».
Posteriormente, se produjo la «derivación de responsabilidad» a Cartagena Parque al acreditarse como propietaria de los terrenos, «estando obligada a realizar las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento», según consta en el expediente abierto a la mercantil, firmado el pasado 3 de diciembre y comunicado a la misma.
En mayo de 2025, la Consejería dictó un requerimiento a la mercantil «para la caracterización, recogida, retirada y gestión de los residuos existentes en superficie», incluyendo la advertencia de que «el incumplimiento de este requerimiento podría constituir una infracción muy grave». Cartagena Parque solicitó una ampliación del plazo para acometer estas actuaciones, que le fue concedida por el plazo máximo legal permitido, pero que caducó el pasado 18 de noviembre.
Al día siguiente, 19 de noviembre, los inspectores de Medio Ambiente visitaron la parcela y ratificaron que Cartagena Parque no había cumplido con el requerimiento, según se recoge en un informe de 27 noviembre, en el que también señalaban que la mercantil «tampoco ha comunicado el inicio de las actuaciones», lo que provocó que una semana después, el 3 de diciembre, se elevara un documento acusatorio con la propuesta de sanción en su grado medio, por 2 millones de euros.
La ley establece una horquilla sancionadora que va de los 600.000 euros a los 3,5 millones de euros para este tipo de incumplimiento. A partir de ahí, se abrió un plazo de 15 días -que finalizó el 18 diciembre- a fin de que Cartagena Parque pudiera tomar audiencia y vista del expediente, así como presentar alegaciones, que ya han sido recibidas por parte de la Dirección General de Medio Ambiente para su estudio.