La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado revocar y cancelar la inscripción de la sociedad de inversión de capital variable (sicav) Blacksmith Capital, cuyo único inversor es el grupo Herrero Brigantina, actualmente investigado por la Audiencia Nacional por presunta estafa masiva.
La decisión se tomó el pasado 24 de septiembre tras constatar “graves dificultades para su inspección y para obtener la información necesaria para el adecuado desarrollo de las funciones supervisoras”, según consta en la resolución oficial del organismo publicada este miércoles.
La CNMV señala que Blacksmith no presentó las cuentas anuales ni el informe de auditoría de 2024, cuyo plazo legal finalizó el 30 de abril de 2025. Esta omisión fue clave en la decisión de cancelación del registro de la sicav.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, instruye desde enero de 2024 una causa contra Herrero Brigantina, empresa que ofrecía productos de inversión y ahorro con rentabilidades superiores al 50%, utilizando presuntamente de forma fraudulenta la imagen de aseguradoras.
Aunque no estaba autorizada como aseguradora ni como entidad distribuidora de seguros, la firma comercializó planes de pensiones, hipotecas y préstamos, insinuando que estaban avalados por seguros reales. Numerosos afectados denuncian que, tras solicitar el rescate de sus pólizas, no pudieron recuperar sus fondos.
Aunque la investigación aún no ha determinado el número total de clientes afectados, se estima que más de 35.000 personas y empresas en Europa contrataron productos a través de la firma, incluyendo pymes, autónomos y particulares. Algunas reclamaciones individuales superan los 300.000 euros.
Diversas acusaciones apuntan a que el importe total defraudado podría superar los 70 millones de euros.
En paralelo a la cancelación del registro, la CNMV ha impedido que los clientes de Blacksmith sean traspasados a otras empresas del mismo grupo empresarial o a entidades vinculadas. También ha comunicado la resolución a la CNMC, al operador del sistema eléctrico, a los comercializadores de referencia y a los distribuidores energéticos afectados, como parte del proceso de desactivación de la actividad de la empresa.