Ocho personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga (cinco), Barcelona, Mallorca y Murcia al desarticular un entramado societario, que supuestamente defraudó a la Hacienda Pública 12,6 millones y ha motivado la intervención de la Fiscalía europea por afectar a varios países.
La investigación apunta a que una empresa de origen rumano adquiría las mercancías a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos, y aparentemente, los vendía a Portugal y Eslovaquia, para lo que contaba con fondos de empresas españolas con las que no tenía actividad comercial, según ha informado este martes la Policía.
El engaño se producía en el sector de productos electrónicos e informáticos mediante un complejo procedimiento que afectaba no solo a la Hacienda Pública, sino también al mercado, en el que colocaba los productos a un precio inferior, lo que suponía una competencia desleal.
La operación policial se ha llevado a cabo después de que las autoridades rumanas solicitaran una investigación tras detectar una sociedad en dicho país que participaba en operaciones triangulares y obtenía fondos de empresa sin relación comercial.
Esta mercantil simulaba la adquisición de mercancía intercomunitaria y así dejaba de ingresar el impuesto de IVA; de otro lado las compañías españolas encargadas de transferir fondos sin ser clientes de dicha empresa actuaban como empresas pantalla, siendo sociedades de nueva creación y sin experiencia en el sector, cuyos administradores eran meros testaferros.
Estas empresas pantalla situadas en Málaga, mediante facturación falsa, acreditaban sus operaciones, fingiendo compras y deduciéndose un IVA no soportado.
En la provincia de Málaga, se ha llevado a cabo un registro en un domicilio particular de la localidad de Coín y un requerimiento policial en una asesoría situada en la capital malagueña, que se han saldado con la detención de cinco personas, una de ellas el administrador de la asesoría vinculada a la trama por presuntos delitos contra la hacienda pública y organización criminal.
Otras tres personas han sido detenidas por su papel de testaferro en las provincias de Barcelona, Mallorca y Murcia a las cuales se le atribuyen los mismos delitos.
En San Fernando de Henares (Madrid) se ha registrado la sede social de la empresa distribuidora y mayorista del comercio de los productos informáticos, considerada la beneficiaria del entramado desarticulado, ya que lograba poner sus productos en el mercado a un precio inferior al de sus competidores al aprovecharse del fraude cometido en el IVA.
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha aportado «los indicios suficientes» para situar el fraude fiscal durante los ejercicios fiscales relativos a 2019, 2020 y 2021 y desarticular el entramado, cuya práctica defraudadora alcanza los 12,6 millones de euros.
Entre los efectos intervenidos destaca diversa documentación relacionada con la actividad ilegal, efectos informáticos, teléfonos móviles y 4.000 euros.
Asimismo, se han solicitado medidas cautelares respecto a 57 inmuebles valorados en más de 33 millones de euros.EFE
mdr/vg/jdm