La economía sumergida representa el 17,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia y puede tener un coste de hasta 6.900 millones de euros, cifra superior al Presupuesto de la Comunidad correspondiente al año en curso, que es de 6.526 millones.
Así se desprende del estudio ‘Economía sumergida e irregularidades laborales en la Región de Murcia’, elaborado por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia (UMU), por encargo del Consejo Económico y Social (CES) y la Consejería de Empresa.
El informe, que servirá al Gobierno autonómico para avanzar en el diseño del plan estratégico contra la economía sumergida en el que trabaja, refleja que el porcentaje ha caído cerca de cinco puntos desde 2004 y casi un punto desde 2020.
Para la mayoría de los consultados durante la elaboración del estudio, los agentes que más se benefician del trabajo irregular son los empleadores, si bien una minoría significativa manifiesta que trabajadores y empresas obtienen «provechos similares». Además, la mayoría considera que los efectos de las irregularidades sobre la economía regional son bastante o muy perjudiciales.
En lo que atañe a los colectivos más afectados por el trabajo irregular, los encuestados señalan, en primer lugar, a los inmigrantes, tras los que figura el colectivo de parados sin prestación por desempleo, personas dedicadas a las labores domésticas y jóvenes que han abandonado sus estudios.
Igualmente, el estudio constata que la agricultura es, con diferencia, la opción más elegida dentro de las actividades económicas que sufren economía sumergida. En un distante segundo escalón se encuentran los servicios domésticos y la hostelería.
Por su parte, las ramas industriales, el transporte y el comercio son los sectores con inferior tasa de irregularidad, según los encuestados.
El grado de conocimiento de los encuestados sobre personas de su entorno afectadas por las irregularidades planteadas permite concluir que están familiarizados con las mismas, que forman parte de su vida cotidiana, tanto desde una perspectiva laboral como desde la vertiente de sus relaciones personales.
Asimismo, la investigación constata que, entre las irregularidades más comunes, destacan las fiscales, la no compensación de las horas extras, el cobro parcial del salario fuera de nómina o la mayor carga horaria de la legal o pactada.
La consejera de Empresa, Marisa López Aragón, ha explicado que las conclusiones del informe «nos permitirán avanzar con mayor eficacia en el diseño de las medidas para combatir un fenómeno tan complejo» dentro del plan estratégico en el que trabaja el Gobierno regional.
López Aragón ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del estudio, en el que también han participado los autores del mismo, José Colino y Federico Martínez-Carrasco; el presidente del CES, José Antonio Cobacho, y el rector de la UMU, José Luján.
La titular de Empresa ha precisado que para abordar la economía sumergida «es necesario un enfoque estructural y multisectorial, que implique a todos los agentes sociales y económicos, en un trabajo conjunto, tal y como se está haciendo», según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.
Así, ha subrayado que la estrategia en la que trabaja el Ejecutivo regional tiene por objetivo diseñar una serie de actuaciones para luchar contra la economía sumergida, ya que «erosiona la capacidad fiscal de la Administración, reduce la competitividad empresarial y fomenta la precarización laboral».