El Tribunal de Instancia de San Javier ha acordado la continuación del procedimiento abreviado de las diligencias abiertas hace ahora 19 años contra el que fuera alcalde del municipio, José Hernández (PP), por un presunto caso de corrupción urbanística.
El auto que acaba de ser notificado a las partes afecta también a dos técnicos municipales y a un empresario de la construcción, que igualmente quedan procesados como participantes, presuntamente, en los hechos investigados.
Sostiene el Tribunal que Hernández, primero como concejal del Ayuntamiento de San Javier y luego como alcalde, no se abstuvo en las votaciones en las que se aprobaban asuntos que beneficiaban directa o indirectamente a la empresa de la que era administrador único.
Y añade que, de las investigaciones llevadas a cabo desde la presentación de la querella por la Fiscalía en diciembre de 2007, se deduce que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.
Afirma el auto, además, que el exalcalde dio el visto bueno a actuaciones urbanísticas promovidas por un empresario de la construcción investigado en esta causa, pese a que debía haberse abstenido, dada la relación existente entre ambos.
Para el juzgado, se valía de su cargo público “para imponer la tramitación de proyectos de su particular interés o del empresario Jaime Vicente Navarro -también investigado- pretendiendo obtener resoluciones favorables a dichos proyectos”.
Según se desprende de la causa, José Hernández solicitó préstamos a empresas con intereses y proyectos en San Javier y La Manga, por un total de 1’5 millones de euros. De esa cantidad, el tribunal señala que un préstamo de 600.000 euros recibido por Hernández de una empresa con intereses urbanísticos en La Manga, éste lo destinó, presuntamente, a su mercantil.
También promovió o participó en proyectos urbanísticos puestos en marcha, incluso fuera de ese municipio. En varias de esas actuaciones contó con la colaboración presunta del también investigado Miguel Botella Jiménez, arquitecto municipal, y del asesor jurídico igualmente encausado Francisco Javier Gracia Navarro.
El tribunal de instancia ha dado diez días a las partes para presentar sus escritos de acusación o de petición de sobreseimiento.