El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este viernes una carta a 541 empresas, como inmobiliarias y fondos, que gestionan o concentran 50 o más propiedades para informarles de que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, si así lo han solicitado, que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
El pasado 30 de marzo, Consumo envió una carta similar a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que concentraban más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país para recordarles que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el nuevo Real Decreto-ley, que deberá votarse la semana que viene en el Congreso y que hasta ahora no cuenta con los apoyos suficientes.
El decreto de vivienda permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027.
Asimismo, establece una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es «gran tenedor» ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.
Según un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC, el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas. Por su parte, el pequeño casero con una sola vivienda en alquiler controla el 39% de las viviendas alquiladas.
A días de que se lleve este real decreto al Congreso para su convalidación, el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid han organizado una concentración este domingo frente a la sede del PP en Génova para defender la prórroga de los contratos de alquiler. Con ella, subrayan los organizadores, el PP tiene que elegir si está con la gente o con los especuladores.