Tras tumbar el Congreso la tasa incluida en la iniciativa legislativa del Gobierno prorrogaba el impuesto a las energéticas, el Consejo de Gobierno ha decidido aprobar hoy por Real Decreto-Ley un nuevo gravamen temporal energético que tendrán que satisfacer en el ejercicio 2025 determinadas empresas consideradas operadores principales en sectores energéticos.
En este se introduce una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás.
El Gobierno se compromete a convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales de Euskadi y Navarra, compromiso que adquirió con Bildu, que supondría unos ingresos de más de 67 millones de euros anuales.
El gravamen incluye dos características para intentar sumar el apoyo de PNV y Junts en la convalidación del decreto en el Congreso: una es la deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, según el pacto con Junts; y otra para convertir el gravamen en impuesto, para atraer el voto de los vascos.
Preocupación del sector
Ante esta nueva medida gubernamental, el sector energético ha tildado de «preocupante» que el Gobierno haya aprobado este Real Decreto-ley, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados con apoyo del PP, PNV y Junts.
Así lo han manifestado la Asociación Española del Gas (Sedigás), la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) en un comunicado emitido este lunes, después de conocer la decisión del Ejecutivo.
A su juicio, este gravamen resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de España ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa.
Además, a la espera de su convalidación en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados, el sector ha lamentado que se cuestione la decisión de derogar esta figura impositiva tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y/o derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.