El Consejo de Ministros aprobará este martes la Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en la Empresa, conocida como Estatuto del Becario, más de dos años después del acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La norma, que deberá ser convalidada por las Cortes Generales al tener rango de ley, busca ordenar las prácticas no laborales y reforzar la protección de los estudiantes.
El texto llega al Consejo tras discrepancias entre el PSOE y Sumar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció que, pese a existir “un acuerdo de diálogo social”, persistían diferencias con los socialistas sobre algunos puntos del contenido.
Sanciones, compensaciones y límites de horas
El Estatuto establece un régimen sancionador para las empresas que vulneren los derechos de los alumnos, con multas de entre 7.501 y 225.018 euros según la gravedad de la infracción. Las infracciones muy graves incluirán discriminación por edad, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual o ideología, entre otras causas.
Las empresas deberán compensar los gastos derivados de la práctica, cubriendo al menos desplazamientos, alojamiento y manutención. Además, el texto limita las prácticas extracurriculares a 480 horas o al 15% de los créditos ECTS de la titulación. También incorpora prácticas vinculadas a títulos propios universitarios, con un máximo del 25% de los créditos o tres meses en el caso de programas de 60 ECTS.
Los becarios deberán cumplir el plan formativo, asistir al centro en la fecha prevista, respetar la normativa de seguridad y mantener confidencialidad sobre la información de la empresa.
Rechazo de rectores y patronal
La CRUE Universidades Españolas ha mostrado su rechazo al texto al considerarlo “una amenaza” para el actual modelo de prácticas universitarias. Los rectores sostienen que las prácticas son “un asunto estrictamente académico” y critican que sindicatos y patronal hayan participado en su negociación.
También se oponen a la compensación económica obligatoria, que a su juicio desvirtúa la finalidad formativa de las prácticas.
Por su parte, la CEOE ha expresado una postura “contraria” tanto por la forma, al considerar que no existía urgencia legislativa, como por el fondo, ya que cree que la norma “limita el número de horas e incrementa la burocracia”, lo que “perjudicará la empleabilidad del alumnado”.