La campaña de la Política Agraria Común (PAC) comienza en España el lunes 2 de febrero, con la apertura del plazo de solicitud de ayudas directas. Los agricultores y ganaderos podrán presentar su solicitud hasta el 30 de abril, dentro de un contexto marcado por protestas del sector agrario y una gran incertidumbre debido a las negociaciones sobre el presupuesto de la PAC para 2028-2034.
Para el año 2026, se estima que unos 585.000 productores recibirán 4.897 millones de euros en ayudas directas, según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Actualmente, España es el tercer perceptor de la PAC, detrás de Francia y Alemania, con un total de 47.700 millones de euros asignados para el periodo 2021-2027.
Esta campaña afecta específicamente al primer pilar de la PAC, centrado en los pagos directos, que el año pasado ascendieron a 5.296,62 millones de euros. Además, el segundo pilar, correspondiente al desarrollo rural, recibió 1.506,81 millones en el ejercicio anterior. Este es el cuarto año con la normativa vigente de la PAC, pero ya se asoma una nueva reforma de la política agrícola y, más importante aún, el proceso de negociación de su presupuesto para el periodo 2028-2034. La propuesta de Bruselas podría provocar una revolución en la estructura de la PAC, con recortes que preocupan a España, que teme una reducción de entre el 20% y el 22% en los fondos destinados a la agricultura.
El plazo de solicitud comenzará el 2 de febrero y finalizará el 30 de abril, con un periodo adicional para modificaciones hasta el 31 de mayo. Las ayudas se abonarán en diciembre, aunque se podrá solicitar un anticipo a partir del 16 de octubre si el Gobierno español decide seguir la práctica habitual. El FEGA ha solicitado a los productores que cumplan los plazos y actualicen sus registros para evitar errores en sus solicitudes.
En paralelo, el sector agrario ha intensificado sus protestas, con tractoradas y movilizaciones en contra de la propuesta financiera de la Comisión Europea (CE). La oposición española a esta propuesta se debe a los recortes presupuestarios y a los cambios estructurales que modificarían profundamente la PAC. El nuevo modelo de presupuesto incluye la PAC dentro de un megafondo junto a fondos pesqueros y regionales, y aunque los países serían los encargados de determinar su asignación, se teme que esta reforma implique recortes significativos en las ayudas al sector agrario.