El Tribunal Federal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) ha ordenado ejecutar el laudo obtenido por Eurus Energy Holdings, compañía filial de Toyota, y ha rechazado la petición española de desestimar o paralizar el procedimiento.
En concreto, la resolución, firmada el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, ordena hacer efectivo un laudo cuyo principal asciende a 106,2 millones de euros, cantidad a la que deben añadirse intereses, costas arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento, superando así la factura los 110,1 millones de euros, informaron en fuentes conocedoras del procedimiento.
Este caso tiene su origen en las inversiones realizadas por Eurus en el sector eólico español al amparo del régimen de incentivos que España había establecido para atraer capital hacia las energías renovables. Entre 2010 y 2014, distintas reformas regulatorias y fiscales modificaron y terminaron suprimiendo de manera retroactiva buena parte de aquellas condiciones económicas.
Eurus acudió entonces al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) alegando que los cambios regulatorios vulneraban las garantías contenidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía.
El tribunal arbitral dio la razón a la compañía y concluyó que determinadas actuaciones del Estado español vulneraron el artículo 10.1 del tratado. Como consecuencia, reconoció a Eurus una indemnización de 106,2 millones de euros, además de intereses y costes asociados al procedimiento.
España intentó posteriormente anular el laudo, aunque el comité de anulación del Ciadi levantó en junio de 2024 la suspensión que impedía su ejecución y terminó rechazando la solicitud española en julio de 2025. Tras ello, Eurus acudió a los tribunales estadounidenses para convertir el laudo en una sentencia ejecutable en Estados Unidos.
La Justicia estadounidense ha dado la razón a los acreedores en ocho ocasiones: Watkins (93 millones de euros), Antin (125,1 millones de euros), RREEF (74 millones de euros), InfraRed (35 millones de euros), NextEra (290,6 millones de euros), 9REN (unos 44 millones de euros), Cube Infrastructure (40,2 millones de euros) y BayWa (24,6 millones de euros).
Estas decisiones imponían a España la obligación de abonar 726,5 millones de euros a los acreedores, cifra que ahora se incrementa en 110,1 millones de euros con la decisión de Eurus, elevando la factura de las nueve condenas hasta los 836,6 millones de euros.
No obstante, de todas las resoluciones en contra, España solamente ha abonado una indemnización 23,5 millones de euros (unos 32 millones de euros al sumar los intereses) a la japonesa JGC por un fallo del Ciadi por el recorte de las primas de las energías renovables.