La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha defendido la posición del Ayuntamiento tras la reciente sentencia que condena al Consistorio a pagar 54 millones de euros en indemnización a los promotores del Plan Parcial del Vivero, en La Manga del Mar Menor, por la desclasificación de los terrenos urbanizables.
Arroyo ha insistido en que la decisión del juez es desproporcionada y ha asegurado que el Ayuntamiento recurrirá el auto y solicitará la nulidad del procedimiento judicial, considerando que la indemnización no se ajusta a la realidad del proceso.
En su intervención, la regidora ha aclarado que los grupos políticos del Ayuntamiento aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se clasificó el terreno como no urbanizable. «Lo que estamos haciendo es cumplir con lo que hemos acordado, que es impedir la urbanización de terrenos en el entorno del Mar Menor, que es inviable y peligroso», ha subrayado.
El auto que ordena la indemnización es consecuencia de la desclasificación de los terrenos, que anteriormente estaban destinados al desarrollo de 40.000 viviendas. La alcaldesa ha matizado que el proceso judicial viene de años atrás, cuando, en 2019, los propietarios de los terrenos pidieron la aprobación de los estatutos y el plan parcial del Vivero, pero este procedimiento se paralizó debido a la moratoria del Mar Menor. Tras finalizar la moratoria, el Ayuntamiento se encontró con la imposibilidad de aprobar el plan debido a la falta de definición sobre la clasificación del suelo en el nuevo PGOU, lo que llevó a la demanda judicial por parte de los propietarios.
Arroyo ha asegurado que los informes aportados por los técnicos municipales no fueron tenidos en cuenta al fijar la indemnización, lo que lleva al Consistorio a considerar que la cuantía de los 54 millones de euros es «totalmente desproporcionada». La alcaldesa también ha explicado que la clasificación de los terrenos como suelo rural básico en el PGOU refleja que no hay derechos urbanísticos consolidados sobre los mismos, ya que aún no se han desarrollado.
Respuesta a la oposición
La alcaldesa también ha respondido a las críticas de la oposición, que ha calificado la sentencia como consecuencia de la mala gestión urbanística en Cartagena. El concejal del PSOE, Pedro Contreras, ha señalado que la sentencia es «fruto de la especulación urbanística del PP», mientras que el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha demandado una Junta de Portavoces urgente para analizar todos los pleitos en curso. Arroyo ha respondido a estas críticas afirmando que, aunque entiende la preocupación, lo que se está tratando en este momento es la defensa del interés público y la protección del Mar Menor.
Asimismo, la primera edil ha insistido en que el PGOU, que fija el uso del suelo como no urbanizable, no está aprobado de manera definitiva y por lo tanto, los efectos de esa clasificación no son definitivos hasta que se termine el proceso de aprobación.
Finalmente, Noelia Arroyo ha instado a los partidos políticos a evitar el alarmismo y manipulación en los medios de comunicación, subrayando que la situación es compleja y requiere rigor en el análisis de los hechos y la documentación presentada. «No es el momento para generar bulos ni alarmismo, sino para hacer las cosas con rigor y responsabilidad», ha sentenciado.