Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, advirtió este lunes de que la descentralización del impuesto de patrimonio ha provocado una gran disparidad en la presión fiscal de las comunidades autónomas, lo que plantea «importantes interrogantes» sobre su equidad y eficiencia.
En un estudio sobre el impuesto de patrimonio, Fedea analiza cómo evolucionaría este tributo, actualmente cedido a las comunidades autónomas, si se modificaran algunas de sus variables o si se replicaran los modelos de otros países.
En su configuración actual, el tributo apenas afecta al 0,5% más rico de la población, señala el estudio, lo que se traduce en una elevada progresividad pero con una redistribución «muy limitada», ya que no hay muchos contribuyentes obligados.
Además, «ha dado lugar a un mapa fiscal fragmentado», ya que algunas comunidades autónomas han llegado a aplicar bonificaciones del 100%, aunque el estudio no tiene en cuenta que algunas regiones han reducido esas bonificaciones como respuesta a la introducción del impuesto sobre las grandes fortunas estatal, cuyo objetivo es precisamente reducir esas disparidades.
De acuerdo a las simulaciones, una reducción en el mínimo exento y las bonificaciones del impuesto de patrimonio permitiría ampliar la base imponible, de manera que con estos recursos adicionales se lograría una redistribución mayor manteniendo la progresividad.
Por lo que respecta a los modelos de Noruega y Suiza, si se aplicaran en España implicarían una incidencia mayor que la del actual impuesto de patrimonio, con una redistribución moderada pero superior a la actual.