El índice de morosidad en España ha aumentado de manera generalizada durante 2025, alcanzando los 8.489,3 euros de deuda media por impago en alquiler, lo que representa un incremento del 16,5% respecto al año anterior, según los datos del Observatorio del Alquiler. En cuanto a la Región de Murcia, se ha registrado una deuda media de 7.256 euros, lo que la sitúa como la comunidad con el mayor índice de morosidad, con una media que equivale a más de nueve meses de renta.
A pesar de que la cifra regional está por debajo del promedio nacional, el crecimiento de la morosidad en la región ha sido significativo, reflejando una tendencia alcista generalizada. En 2025, la morosidad en la región aumentó un 21%, lo que coloca a Murcia como uno de los territorios con mayor aumento en toda España, solo superada por Málaga.
Este repunte en la deuda se debe principalmente a la fragilidad salarial y la inestabilidad propia del sector servicios en las zonas costeras de la región, lo que limita la capacidad de pago de los arrendatarios ante el encarecimiento de las rentas de alquiler. La región se encuentra en un segundo bloque de comunidades con niveles de deuda significativos, situándose entre los 6.000 y 8.000 euros de deuda media, por encima de comunidades como Navarra, Comunidad Valenciana o Canarias.
Por otro lado, la variación porcentual de la morosidad en la Región de Murcia ha sido del 21%, lo que confirma que la región se ha visto gravemente afectada por el desajuste entre los salarios y los precios de alquiler, fenómeno que se repite en toda España. Esta tendencia también ha sido observada en otras comunidades con mercados de alquiler más desequilibrados, como Cataluña, Comunidad de Madrid o Islas Baleares, donde la morosidad ha superado los 10.000 euros.
El estudio del Observatorio del Alquiler también resalta que el crecimiento de la morosidad ha venido acompañado de un aumento en los precios de los alquileres, que alcanzaron un precio medio de 1.184 euros mensuales en 2025, lo que ha provocado un aumento del esfuerzo financiero de los inquilinos, llegando en algunos casos a superar el 40% de los ingresos destinados al pago del alquiler. Este incremento ha agotado la capacidad de pago de muchos hogares, convirtiendo los retrasos puntuales en impagos sostenidos.