El Ministerio de Trabajo presentará este lunes a patronal y sindicatos una propuesta para flexibilizar la desindexación de los contratos públicos, en el marco de la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026. La medida forma parte del intento del Gobierno de cerrar un acuerdo con los agentes sociales tras semanas de bloqueo.
La iniciativa ha sido negociada con el Ministerio de Hacienda y busca permitir que la subida del SMI pueda trasladarse parcialmente a los contratos públicos, una posibilidad actualmente limitada por la ley de desindexación. Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, habían avanzado en los últimos días que el Ejecutivo trabajaba en una modificación normativa en este ámbito.
La propuesta llegará a la mesa del diálogo social después de que Trabajo planteara una subida del SMI hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, cifra que por ahora no cuenta con el respaldo ni de la patronal ni de los sindicatos. El incremento propuesto del 3,1% incluye mantener el salario mínimo exento de tributación, un punto ya acordado con Hacienda.
Para garantizar esa exención, el Ministerio de Hacienda prevé aprobar una nueva deducción en el IRPF, similar a la aplicada el año pasado, de modo que quienes tengan que tributar por el SMI recibirán la devolución correspondiente en la declaración de la renta del ejercicio siguiente.
Condiciones para cerrar el acuerdo
La patronal, que inicialmente propuso un aumento del 1,5%, considera imprescindible permitir la indexación de los contratos públicos al nuevo SMI y recuerda que el Gobierno se comprometió a estudiar esta cuestión hace más de cinco años. A su juicio, sin ese ajuste, el incremento del salario mínimo resulta difícilmente asumible para determinados sectores.
Según la patronal alianzAS, que agrupa a empresas de servicios esenciales vinculados a la administración pública, esta actividad emplea a 1,5 millones de trabajadores y representa el 2,25% del PIB. En estas compañías, los salarios suponen alrededor del 90% de los costes, por lo que una subida del SMI tiene un impacto directo en su cuenta de resultados si no se revisan las condiciones económicas de contratos, muchos de ellos de larga duración.
Los sindicatos también respaldan la flexibilización de la desindexación y han planteado un incremento del SMI del 2,7% si se mantiene exento de tributación, o del 7,5% en caso de que tribute. Además, reclaman un compromiso para modificar la legislación y evitar que los complementos salariales puedan absorber o compensar la subida del salario mínimo, una cuestión que la patronal rechaza.
Las organizaciones sindicales confían en que este cambio pueda abordarse junto con la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, con el objetivo de que ambas iniciativas se aprueben en el mismo Consejo de Ministros que dé luz verde al SMI de 2026.