La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el «colapso» de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), alertando sobre las largas demoras y la falta de disponibilidad de citas en diversas provincias, lo que afecta a trámites esenciales como la solicitud de la pensión de jubilación y la prestación por desempleo. La organización destaca que esta situación genera «importantes barreras» para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y aquellos que no tienen acceso a herramientas digitales.
Según un estudio realizado por la OCU, que evaluó la disponibilidad de citas en 26 provincias, más de la mitad de los intentos no resultaron en una cita en la misma ciudad. En ciudades como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza, no se logró obtener ninguna cita durante los seis intentos. En otras ciudades, como Bilbao, Murcia y Málaga, la disponibilidad fue algo mejor, pero los plazos de espera se mantuvieron altos, con un promedio de 28 días en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.
La OCU también amplió su análisis al SEPE, donde la solicitud de prestaciones por desempleo, un trámite de urgencia que debe completarse en un máximo de quince días hábiles, presentó problemas similares. En Barcelona y Tarragona, por ejemplo, no se consiguió cita ni en la capital ni en el resto de la provincia. En ciudades como Albacete, Bilbao y Oviedo, las citas se ofrecían entre 28 y 32 días después, lo que podría implicar la pérdida de parte del subsidio o forzar a los solicitantes a completar el trámite «online«, aunque carezcan de los medios o habilidades necesarias.
Ante esta situación, la OCU ha insistido en la necesidad de eliminar la cita previa obligatoria, al menos para los trámites urgentes. Además, propone habilitar atención prioritaria para colectivos vulnerables, crear mesas de apoyo sin cita previa para asistencia en la obtención de certificados digitales y establecer plazos máximos garantizados para todos los trámites. La organización también aboga por un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios para facilitar el acceso a la administración electrónica.
Por último, la OCU demanda un compromiso vinculante para que los trámites urgentes se resuelvan en un plazo máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10 días, con un seguimiento público de los plazos y sanciones internas en caso de demoras injustificadas.