Los gobiernos de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el Scrats han analizado posibles actuaciones técnicas y jurídicas ante lo que consideran “irregularidades” en la gestión del Tajo por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La reunión, celebrada en Murcia, reunió a equipos especializados y a la consejera Sara Rubira, al conseller Miguel Barrachina y al presidente de Scrats, Lucas Jiménez.
Rubira señaló que un informe elaborado por la Generalitat Valenciana apunta a que “desde los embalses de Entrepeñas y Buendía se ha estado soltando más agua de la que indican las actuales reglas”, lo que habría generado pérdidas de 100 hm³, la misma cantidad que se prevé reducir al Segura en 2027. Indicó también que el documento refleja la “ausencia total” de un programa de seguimiento que evalúe el efecto de los caudales ecológicos.
La consejera apuntó a la “falta de transparencia” de la confederación y recordó que las decisiones sobre el trasvase condicionan la actividad económica de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, regiones con un importante tejido empresarial ligado al regadío. Añadió que el Gobierno regional “va a seguir trabajando” para defender los intereses del sector.
Barrachina calificó de “infame” el uso del agua del Tajo y denunció pérdidas de hasta 100 hm³ por una gestión inadecuada en la cabecera. Señaló también que, según el informe, el caudal habría fluctuado en un día “de 20 metros cúbicos por segundo a 11 para después multiplicarlo por cuatro”.
El presidente de Scrats expresó su preocupación por la próxima aprobación de nuevas reglas de explotación y reclamó claridad sobre el destino de los 600 millones de euros recaudados en canon desde el inicio del trasvase. Aseguró que “haciendo una buena gestión de control de caudales en el Tajo se podrían ahorrar 100 hectómetros cúbicos”.