La Seguridad Social ha perdido casi 139.000 afiliados medios en el Sistema Especial Agrario y 67.641 en el Sistema Especial de Empleados del Hogar entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, lo que supone descensos del 17% y del 16,5%, respectivamente, según datos del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones consultados por Europa Press.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales vincula esta evolución con la subida del salario mínimo interprofesional SMI, que acumuló un incremento del 61% entre 2018 y 2025, al pasar de 735 euros mensuales en catorce pagas a 1.184 euros, y que en 2026 se sitúa en 1.221 euros. En su informe de panorama económico de febrero, la patronal señala que al descenso de afiliados puede haber contribuido “la notable” subida del SMI en los últimos años, con un alza del 83,5% entre 2014 y 2025.
Evolución de los sistemas especiales desde 2018
El Sistema Especial Agrario cerró 2025 con 672.439 afiliados medios, lo que supone 19.167 menos que en 2024, un -2,8%, y 138.842 menos que en diciembre de 2018, cuando se superaban los 811.000 ocupados. La patronal subraya que este sistema lleva perdiendo empleo “ininterrumpidamente” desde 2018.
Por su parte, el Sistema Especial de Empleados del Hogar terminó el año con 342.993 afiliados medios, casi 11.000 menos que en 2024, un -3,1%, y 67.641 menos que en 2018. Según la organización empresarial, la cifra actual es “muy inferior” a la de 2015, con retrocesos “más intensos” a partir de 2018. “Precisamente, esta evolución decreciente contrasta con la mayor demanda de este tipo de personal para el cuidado de niños y mayores o las tareas del hogar”, recoge el informe.
Ambos sistemas especiales están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2012 y han registrado distintos cambios normativos en los últimos años.
Posturas sindicales y cambios normativos
Desde los sindicatos se atribuye la caída de la afiliación media en el empleo doméstico a la pandemia y, sobre todo, a la ampliación de derechos laborales aprobada desde 2022. Con esa reforma se reconoció el derecho a prestación por desempleo tras la extinción del contrato y se estableció la obligación de cotizar por este concepto desde el 1 de octubre de 2022.
También se eliminó la figura del desistimiento, se reforzó la exigencia de contrato por escrito y alta en la Seguridad Social, y se reconocieron derechos vinculados a prevención de riesgos y protección frente al acoso o la violencia. Las organizaciones sindicales sostienen que la mejora de derechos y la subida del SMI han revalorizado el trabajo del hogar, aunque reconocen el aumento de costes de cotización, compensado en parte por bonificaciones.
Algunos sindicatos, como la Unión Sindical Obrera, plantean que la reducción de afiliación puede no reflejar una caída real de trabajadoras, sino un aumento de situaciones sin alta en la Seguridad Social.
Factores estructurales en el sector agrario
En el ámbito agrario, la pérdida de empleo se enmarca en un contexto de transformación estructural. El aumento de costes, la rentabilidad de los productos, los procesos de mecanización y el envejecimiento de la población activa influyen en la evolución del empleo.
A estos factores se suman episodios climáticos como sequías e inundaciones y la competencia exterior, elementos que han condicionado la actividad en los últimos ejercicios y que inciden en la evolución del número de afiliados.