El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, Agustín Fernández, han advertido de la inseguridad jurídica que ha generado para las empresas la decisión del Gobierno de aplazar un año la entrada en vigor del sistema de la Agencia Tributaria para la verificación de facturas electrónicas Verifactu. Según señalaron, «la mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo».
Los representantes del CGE y del REAF reconocen que la ampliación del plazo puede suponer un respiro para quienes aún estaban en fase de adaptación, al permitir completar la implementación de Verifactu. Sin embargo, advirtieron de que, para la mayor parte del tejido empresarial, la prórroga implica «reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y asumir costes adicionales derivados de ajustes de última hora». Según indicaron, estos cambios afectan de forma notable a los negocios con menor capacidad administrativa y con un margen más reducido para absorber imprevistos.
Exigen estabilidad temporal en los cambios normativos
En este contexto, los máximos responsables del CGE y del REAF subrayaron que resulta imprescindible que los plazos de entrada en vigor de las normas no se modifiquen en el tramo final del proceso, y que se mantengan estables para permitir a las empresas planificar sus procesos internos con seguridad. Consideran que disponer de un marco regulatorio previsible resulta clave para evitar incertidumbres y garantizar una adaptación ordenada a los nuevos sistemas de gestión y verificación tributaria.