El Consejo de Ministros, reunido hoy en el Palacio de La Moncloa, ha dado su aprobación finalmente, a propuesta del Ministerio de Trabajo, al anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión.
La diatriba entre los ministros de Economía y Trabajo, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, ha decaído finalmente con la decisión de Moncloa, que implica la reducción de jornada sin pérdida de salario.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha calificado esta decisión de «paso histórico» durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que han participado Cuerpo y Díaz.
En la misma línea, la vicepresidenta Díaz ha afirmado que hoy es un «día histórico» para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.
Según Trabajo, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
«Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España (…) Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa«, ha subrayado Díaz.
El anteproyecto es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de diciembre el Ministerio que dirige Yolanda Díaz y CCOO y UGT y del que quisieron quedarse fuera las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, al entender que la jornada laboral es una materia que debe fijarse vía negociación colectiva.
Díaz ha asegurado además que esta medida es una de las grandes transformaciones del mercado laboral propiciada por el Gobierno, junto a la reforma laboral y la subida del salario mínimo, y contribuye a reducir el absentismo, mejorar la productividad y aumentar la igualdad.
Horario y desconexión digital
Para la vicepresidenta, lo más importante de este anteproyecto es la reformulación del control horario, que ha definido como la medida «estrella» de esta norma y que se deberá tener lista en seis meses de la entrada en vigor de la ley.
El objetivo es que el registro de la jornada sea «objetivo, fiable y accesible», de manera que deberá contar con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido.
También deberá identificarse «inequívocamente» a la persona que registra los asientos para garantizar la «autenticidad» de los datos y a través de un formato «tratable, legible y compatible» que permita a los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección acceder de forma inmediata al registro de jornada en el centro de trabajo, y en cualquier momento, de manera interoperable y en remoto.
Además, la empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La regulación precisa del registro de jornada que deberá contar con los requisitos de objetividad, fiabilidad y accesibilidad para lo que exigirá:
- Utilización de medios digitales
- Cumplimentación de forma personal y directa con garantías de autenticidad y trazabilidad
- Utilización de formatos comprensibles
- Establecimiento de obligaciones documentales y de accesibilidad inmediata e interoperabilidad
- Registro de jornada idéntico en los contratos a tiempo parcial
Al mismo tiempo, Díaz ha resaltado que el anteproyecto para la rebaja de jornada incluye el derecho irrenunciable a a la desconexión digital. «Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando estén fuera de su jornada laboral», ha apuntado.
Rechazar o no atender la comunicación o la petición de prestación laboral por medios digitales fuera de la jornada laboral, no podrá generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable para la persona trabajadora.
Una vez aprobado, este anteproyecto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá en torno a finales de febrero.
Después, cerca de principios de marzo, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
Negociación parlamentaria
Preguntada por las ‘amenazas’ de Junts de que la negociación sobre la jornada será complicada, Díaz ha afirmado que «las formaciones políticas no amenazan a nadie, lo que hacen es negociar».
Díaz ha agregado que se está negociando con todas las formaciones, salvo con Vox.
«La pregunta que me hago es si el Partido Popular va a utilizar y aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores de su país, porque sus votantes también quieren ver reducida la jornada laboral, o va a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral», ha indicado.
Tanto Díaz como Cuerpo han precisado que no irán a esa negociación parlamentaria con «líneas rojas» porque eso, ha añadido la vicepresidenta, sólo se hace cuando se quiere fracasar.
Sobre el debate ‘interno’ en el Gobierno, el ministro de Economía ha apuntado que en realidad es «útil», pues lo que hace es «reforzar los textos y acercar posturas».
Trabajo quiere que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado, por su parte, ha considerado «muy simbólico» que hoy se presente en Consejo de Ministros un avance de derechos sociales como el que supone la rebaja de jornada y a la vez la mejora de las previsiones económicas del Gobierno, pues ello coincide con los ejes de la política económica del Ejecutivo: reforzar el crecimiento y que ese crecimiento sirva para avanzar en el Estado del Bienestar.
Multas de hasta 10.000 euros
De acuerdo con el texto del anteproyecto, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Perspectiva histórica
El 4 de abril de 1919 se publicó en la Gaceta de Madrid el Real Decreto que fijaba en ocho horas al día o cuarenta y ocho horas semanales, la jornada máxima legal. La norma fue promulgada tras la intensa huelga llevada a cabo en la compañía La Canadiense durante los meses anteriores y con ella España se posicionó a la vanguardia europea, reduciendo una jornada laboral que solía ocupar en torno a doce horas diarias durante seis días a la semana como consecuencia de los aumentos en las duraciones de las jornadas de trabajo que acompañaron en el contexto de la Revolución Industrial.
En el ámbito internacional, el primer Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el 29 de octubre de 1919 en Washington, la aplicación del principio de la jornada de ocho horas o de la semana de cuarenta y ocho horas.
En nuestro actual periodo democrático, en 1983 se redujo por última vez la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a las actuales cuarenta horas semanales de trabajo efectivo.