Marcos Ortuño, portavoz del Gobierno regional, ha afirmado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a preguntas de los periodistas, que utilizarán todas las vías necesarias si se demuestra que existió algún fraude en las ayudas públicas que en su día recibió la empresa concesionaria de la desaladora de Escombreras.
«Si el dinero de un contrato de la administración pública ha sido utilizado de forma ilícita o fraudulenta por parte de una empresa privada, pues que caiga todo el peso de la ley», aseveró.
«Y, por supuesto, vamos a utilizar todas las vías necesarias para resarcir los daños o perjuicios que haya podido surgir como consecuencia de esas» supuestas irregularidades, añadió.
El juicio oral del denominado caso La Sal, para esclarecer si hubo malversación en la adjudicación de la desaladora de Escombreras a empresas del grupo ACS por parte del expresidente Ramón Luis Valcárcel, se ha establecido para 2027.
Por otra parte, y respecto sobre la proposición en la Asamblea regional para reformar los límites del parque de Sierra Espuña por el Rally a la Santa, respondió que esa iniciativa «recoge la postura del Ayuntamiento de Totana, que aprobó en el pleno municipal sin ningún voto en contra, una moción que recoge el sentir mayoritario de los vecinos». Llamó la atención además por el hecho de que «aquellos que votaron en el pleno municipal esa iniciativa delante de sus vecinos, ahora permítame la expresión, se bajen del carro cuando esa iniciativa llega a la Asamblea», concluyó.