La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha pedido destinar el coste del pago de la deuda de las comunidades autónomas a inversión en políticas sociales, que solo en 2024 experimentaron un recorte de 2.364 millones. Así se desprende del estudio realizado por la entidad social, según el cual desde 2010 el dinero destinado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha bajado 8,3 puntos.
El coste de la deuda ha aumentado en 2024, según la asociación, en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de 40.640 millones de euros, «el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad».
En consecuencia, consideran que la reducción del coste que supondría la quita de casi 85.000 millones de euros de la deuda de las comunidades, permitiría «un gran refuerzo de las políticas sociales en sanidad, educación y servicios sociales (dependencia), incrementando sus presupuestos para recuperar recortes que se han producido en los últimos años».
Para la asociación de directores y gerentes, la desigualdad en los servicios de las comunidades queda «patente» y sitúa a Madrid como la que menos invierte en políticas sociales con 574 euros menos por habitante que la media nacional, seguida de Cataluña (2.940,8 euros por habitante) y Andalucía (3.158). Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) son las de mayor inversión por habitante.
Según se desprende del estudio, si en el año 2010 dos de cada tres euros eran destinados a estas políticas, en 2024 se han reducido en 8 puntos porcentuales la cantidad destinada a educación, sanidad y servicios sociales. Esta tendencia se «ha agudizado en 2024», según directores de Servicios Sociales, donde se produjo un incremento de los presupuestos de las comunidades autónomas de 9.753 millones y, sin embargo, «sólo el presupuesto destinado a políticas sociales se redujo en 2.364 millones».
Según los datos aportados en el informe, entre 2014 y 2020, se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades y en los años siguientes, impulsado por los presupuesto del Estado, «ha ido aumentando hasta los 159.339,8 millones en 2023».
Sin embargo, el estudio ha alertado de «un parón en 2024 y 2025 por la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado», a lo que hay que sumar una tendencia a la baja desde el año 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a este tipo de políticas fue de 67,4%, mientras que en el año 2024 fue de 59,1%.
Los gerentes en servicios sociales consideran que, aunque la «crisis sanitaria y social provocada por el covid demostró la importancia del gasto en servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales», el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades autónomas «sólo ha sido del 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el aumento del gasto en el resto de políticas fue el 62% en ese mismo periodo (4,5 veces más)». Ello «evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas», han alertado.
Gasto por habitante
La Asociación admite que en los últimos cinco años, todas las comunidades autónomas han aumentado su inversión por habitante en políticas sociales, sin embargo, no todas lo han hecho de la misma manera. Entre ellas destaca Extremadura (+37,9%), Canarias (+35,7%) y Navarra (+35,3%) y en el otro extremo se encuentra Cataluña, Murcia y Madrid.
Las diferencias en el gasto por habitante en políticas sociales entre comunidades autónomas oscilan entre 2.703 euros en la Comunidad de Madrid y 4.500 euros en Navarra o 4.343 euros en País Vasco. Entre las comunidades de Régimen Común, destacan Extremadura (4.124 euros), Asturias (3.960 euros) y Cantabria (3.702 euros). A la cola de inversión económica en políticas sociales por habitante en 2024 se encuentran Andalucía (3.158 euros), Cataluña (2.941 euros) y Madrid (2.703 euros).
El mayor descenso en el porcentaje del presupuesto destinado a sanidad se produce entre el año 2012 y el 2024, al pasarse del 37,3% del total de las comunidades autónomas al 30,9% (6,4 puntos menos). En educación esta diferencia se encuentra entre el 23,9% del presupuesto que recibió en el año 2010, y el 20,4% en 2024 (3,5 puntos menos). Los servicios sociales fue la única política social que ha visto incrementar el porcentaje que recibe de los presupuestos autonómicos, aunque ‘sólo’ con 5 décimas más en 2024 (7,8%) que en 2011 o 2019, cuando supuso el 7,3%.
Pago de la deuda
La entidad ha destacado que en los últimos cinco años la estabilidad económica ha permitido poder destinar presupuesto a otras áreas de gasto y no al pago de la deuda que «sólo» se ha incrementado en 29,14 euros por habitante, «al contrario que en otros momentos de la serie histórica donde se produjeron importantes aumentos».
«Sin embargo», los gerentes han alertado de «el mayor aumento en los presupuestos en el último quinquenio no ha ido a políticas sociales sino a otras políticas y los presupuestos de las CCAA son cada vez menos sociales».
Así, según los datos aportados, si el aumento en el resto de políticas fue de un 42,1%, en el total de las políticas sociales se aumento un 28,2% –39,2% en Servicios Sociales, 30,1% en Sanidad y 27,1% en Educación–.
Pero han recordado que en 2024 el coste de la deuda ha aumentado en 315 millones de euros respecto al año anterior, llegando hasta el un 15,29% del presupuesto total de las comunidades autónomas, con un coste de «40.640 millones de euros, el doble de lo que se gasta en Servicios Sociales y un 50% de lo que se dedica a Sanidad».