Los funcionarios de la Comunidad Autónoma que como técnicos participaron en algún momento en los trámites de modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que según las acusaciones facilitaban la urbanización de terrenos protegidos junto al Mar Menor han señalado que no recibieron indicaciones o presiones del exconsejero regional Antonio Cerdá (PP).
Los funcionarios, así lo han manifestado durante la tercera sesión del juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial Murcia por el proyecto urbanizador “Novo Carthago”, en el que Cerdá figura como acusado al impulsar en 2003, como consejero de Medio Ambiente, el reinicio del proyecto de PORN que sustituiría al entonces vigente, de 1998.
Para uno de los testigos, autor del informe jurídico emitido sobre las alegaciones a este último PORN, la orden del exconsejero por la que se disponía el reinicio del mismo era nula de pleno derecho, al no haberse seguido el procedimiento legal para anular el anterior, por lo que consideraba que este seguía vigente en aquel momento.
Entre los testigos participantes en esta nueva sesión de la vista oral ha intervenido también una funcionaria que participó en la redacción del PORN de 1998, quien ha indicado que cuando el proyecto urbanizador inició su recorrido asistió en la Comunidad Autónoma a una reunión con otros técnicos y con representantes de la empresa promotora, Hansa Urbana.
Y ha revelado que ya entonces adelantó su opinión de que veía dificultades para que el proyecto fuera viable, dadas las limitaciones medioambientales de los terrenos afectados. El juicio continuará este miércoles con la declaración de nuevos testigos, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, que fue exonerada de toda responsabilidad en este caso por el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal señaló años atrás que la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para hacer posible el proyecto se atuvo en todas las fases del mismo a la tramitación legal vigente.
En las dos primeras sesiones de la vista oral declararon cuatro de los siete acusados, entre ellos, el exconsejero regional de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, ya que los otros tres, incluido Cerdá, pidieron hacerlo al final, cuando hayan sido practicadas las demás pruebas, y todos coincidieron en señalar que su actuación estuvo siempre dentro de la legalidad.
Los siete acusados, ex-altos cargos regionales, están acusados de remover los obstáculos legales para hacer viable la construcción de diez mil viviendas, hoteles y dos campos de golf en terrenos protegidos ubicados junto al Mar Menor, dentro del término municipal de Cartagena.
El escrito de acusación del fiscal señala que todos ellos participaron, presuntamente, en actuaciones ilegales dirigidas a hacer posible ese proyecto mediante la modificación de la normativa que lo impedía; en concreto, el PORN y el PGOU de Cartagena.
Tanto el fiscal como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación popular, señalan como principal responsable de los hechos al que era entonces, hace ahora casi veinte años, consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá.
La Fiscalía reclama para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación. Para el exconsejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana solicita, por el supuesto delito de prevaricación, seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Entre las decenas de testigos que pasarán estos días por la Audiencia Provincial de Murcia se encuentran igualmente el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero regional Francisco Marqués.
La vista oral estaba prevista inicialmente para 2023, pero tuvo que ser suspendida entonces debido a la huelga que mantenían los letrados de la Administración de Justicia.