La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión y multa de 1.440 euros para cada uno de los tres empresarios de la construcción que serán juzgados a partir de este miércoles y a lo largo de cuatro sesiones en la Audiencia Provincial de Murcia acusados de apoderarse de más de 500.000 euros de ocho compradores de viviendas.
Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, señala que las edificaciones no solo no se construyeron, sino que ni siquiera obtuvieron la licencia municipal para ello, sin que devolvieran a los perjudicados las cantidades entregadas a cuenta.
Los acusados son Manuel José R.S., Ernesto Marcos G.G. y José María G.T., junto con las tres sociedades que crearon, una de ellas, “J.G. y P., S.L”.
Dice el ministerio público que los acusados, a partir del otoño de 2006, a través de aquellas empresas, comenzaron a ofertar la venta de viviendas cuya construcción promovían en tres fincas, ubicadas en Javalí Nuevo, Rincón de Beniscornia y San Benito, todas ellas, en Murcia.
Durante los meses siguientes, añade, los denunciados, a través de aqueas mercantiles, vendieron viviendas a construir por las que recibieron, como entregas a cuenta, más de 500.000 euros de ocho compradores, sin que, supuestamente, formalizaran el aval bancario para la devolución de las cantidades entregadas por estos.
El fiscal los acusa de un presunto delito de apropiación indebida y pide para ellos las penas de prisión y multa y que sean condenados también a devolver el dinero recibido, con la responsabilidad civil subsidiaria de sus empresas.