El presidente ejecutivo de la asociación profesional Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha valorado en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional la modificación de la Ley 10/2014 sobre la regulación del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi en la Región como «un paso adelante» para dotar de seguridad jurídica al sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Región de Murcia, tras «años de incertidumbre» desde el decreto estatal de 2018.
Berzal ha pedido que la norma autonómica garantice «criterios homogéneos y objetivos» en todo el territorio, evite una «fragmentación municipal» de reglas, y cree una mesa por y para la movilidad con todos los actores (VTC, taxi, administración y agentes sociales) para planificar incrementos de autorizaciones «con datos y horizonte temporal».
El representante empresarial ha defendido que taxi, transporte público y VTC son «complementarios» y que una regulación clara «mejora la movilidad, amplía la oferta y reduce tiempos de espera».
Ha subrayado que determinadas disposiciones «deben aplicarse conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE«, citando, entre otros aspectos, que «la protección económica de un sector no justifica restricciones» y que cualquier limitación a las VTC «ha de responder a objetivos de gestión del tráfico o medioambientales y ser proporcionada». También ha advertido contra «imponer dobles licencias» (nacional y urbana) salvo supuestos «debidamente motivados».
De igual modo, Berzal ha solicitado que todas las autorizaciones VTC vigentes en la Región antes del decreto autonómico «puedan seguir haciendo servicios urbanos en toda la comunidad», y ha calificado de «anomalía» que se impidan transmisiones que permitan a empresas cambiar de municipio manteniendo la actividad urbana.
«El mercado de la movilidad necesita escala y homogeneidad regulatoria; si cada ayuntamiento fija criterios distintos, se crean barreras y se perjudica al usuario», ha afirmado, citando a Madrid y Andalucía como ejemplos de «convivencia» regulada. Sobre precios, ha rechazado «abusos», pero ha pedido «acotar, no bloquear» los precios dinámicos en picos de demanda.
El dirigente de Unauto VTC ha anunciado, además, el compromiso del sector para impulsar un convenio colectivo específico que «dé certidumbre a empresas y trabajadores».
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE, Miguel Ángel Ortega, ha defendido la necesidad de «igualdad y convivencia» entre taxi y VTC tras «años de parálisis normativa», y ha pedido clarificar el marco para ambos sectores.
Desde Vox, Ignacio Arcas ha criticado que se «trasladen» a los ayuntamientos decisiones que, a su juicio, deben asumir las comunidades autónomas, para evitar «inseguridad» a quienes invierten y prestan el servicio.
Por el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha cuestionado la situación actual de equilibrio entre taxi y VTC y ha mostrado reservas sobre los precios dinámicos, reclamando límites efectivos «para evitar encarecimientos en situaciones de emergencia».
Finalmente, el diputado del PP, Antonio Landáburu, ha agradecido las aportaciones del sector y ha defendido que el texto «mejora el servicio y la seguridad jurídica» mediante una regulación autonómica «clara y compatible con la legalidad vigente».