Más de 60.000 autónomos continúan pendientes de resolver las reclamaciones por ayudas recibidas durante la pandemia, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Estas reclamaciones se derivan de las prestaciones por cese de actividad concedidas entre 2020 y 2022, que ahora las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social exigen devolver por supuestos incumplimientos o falta de justificación documental.
De los 1,7 millones de prestaciones concedidas, unas 150.000 han sido objeto de revisión. De ellas, un 60% ya se ha resuelto, mientras que el 40% restante,equivalente a los 60.000 expedientes aún en revisión, sigue en trámite. La patronal de las mutuas AMAT y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han evitado facilitar datos actualizados sobre el estado de estas reclamaciones.
«Todavía están en proceso. No disponemos de estos datos«, señalan desde AMAT a EFE.
Según el presidente de UPTA, Eduardo Abad, en la mayoría de casos los autónomos no han podido justificar documentalmente la caída de ingresos exigida como requisito para acceder a las ayudas. Otros, directamente, han optado por pagar las cantidades reclamadas ante la complejidad del procedimiento y el desgaste personal que implica.
Es el caso de Marina (nombre ficticio), quien debe reintegrar más de 7.000 euros correspondientes a ayudas y exenciones de cuotas recibidas entre septiembre de 2021 y junio de 2022. «Ese dinero se pidió en un momento que hacía mucha falta y se destinó a necesidades básicas», afirma, expresando su «frustración e impotencia» ante una gestión administrativa «confusa y lenta».
También Álvaro, profesional del ámbito educativo, enfrenta una reclamación de 11.000 euros por parte de la mutua Asepeyo. El motivo: haber estado 24 horas dado de alta en la Seguridad Social por una suplencia puntual por la que percibió 140 euros. Las ayudas no permitían recibir otros ingresos. Álvaro ha demandado a Asepeyo al considerar «desproporcionada» la reclamación y apelar a la buena fe y la doctrina Cakarevic, que reconoce la no devolución de ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas.
Pese a que el juicio está fijado para octubre de 2027, la mutua no ha comunicado el proceso a la Seguridad Social, que ya le ha enviado una providencia de apremio para el cobro de la deuda. «Casi peor que el dinero que me reclaman es el caos de la Tesorería General de la Seguridad Social», afirma Álvaro, quien no ha logrado presentar la impugnación formal por falta de información clara y accesible.
Falta de control en la concesión de ayudas
Estas prestaciones se gestionaron en plena emergencia sanitaria con el objetivo de dar cobertura a un colectivo habitualmente excluido del sistema de protección social. En ese contexto, el Tribunal de Cuentas ya alertó sobre «resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas», autorizadas incluso por órganos no competentes. Los controles previos fueron restringidos para agilizar el acceso a las ayudas, lo que ha derivado en el actual volumen de reclamaciones.
Cese de actividad: un sistema aún con altas tasas de rechazo
Más allá de los expedientes de la pandemia, la prestación por cese de actividad —el llamado «paro de los autónomos»— sigue mostrando altos índices de denegación. Según datos recopilados por UPTA hasta mayo de este año, se han presentado 7.781 solicitudes, de las cuales 3.948 han sido aprobadas. Esto significa que el 50 % de las solicitudes han sido rechazadas.
El Ministerio de Inclusión ha anunciado que trabaja con las asociaciones del sector y los agentes sociales en una reforma para simplificar el acceso y la gestión de esta prestación, aunque sin plazos concretos de aplicación.